Representando al campo español hay tres organizaciones agrarias: la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Confederación de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Tres voces, tres formas diferentes de entender y, por tanto, de representar a un sector cuyas principales decisiones ni siquiera se adoptan ya en España sino en Bruselas. Tres grandes estructuras cuya sedes centrales: «nacional», como la llaman en ASAJA, o «estatal» en COAG y UPA, se encuentran en Madrid (comparten el emblemático edificio que pertenece al Estado, al Ministerio de Agricultura, en la calle Agustín de Bethencourt, 17, junto a los Nuevos Ministerios).
Desde sus orígenes, cada una ha estado vinculada a una corriente política: ASAJA es de corte conservador y está asociada a la CEOE, COAG, a la izquierda, y UPA, al PSOE y a la UGT.
Sindicatos agrarios que tienen organizaciones miembros repartidas en cada provincia de España. Es decir, que en cada provincia hay tres asociaciones diferentes.
¿Quién es quién en el campo?
El ministro Arias Cañete ha sido valiente. Ha dado un paso de gigante convocando el próximo año una consulta nacional para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
Previamente se elaborará un censo que incluya a las personas físicas y jurídicas que acrediten su actividad agraria. Todo ello se llevará a cabo con la colaboración del Instituto Nacional de la Tesorería General de la Seguridad Social y el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).
Hasta ahora se han venido realizando «elecciones al campo» en la mayoría de Comunidades Autónomas en unos comicios que se convocan cada cuatro años para, precisamente, medir esa representatividad a nivel provincial y autonómico. Esos resultados también son tenidos en cuenta a nivel nacional a pesar de que no se han convocado en toda España.
Se han celebrado elecciones agrarias (en algunas regiones hasta cinco convocatorias) en Cataluña, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Extremadura, Madrid y Aragón.
Al ser convocatorias autonómicas, cada Región ha aplicado una baremación diferente para determinar qué organizaciones se pueden considerar representativas o no. En algunas el porcentaje mínimo estaba en el 10% de los votos y en otras en el 15%.
En cambio, y a pesar de la importancia del sector agrario, nunca se han convocado en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Tampoco en Baleares ni Canarias.
Las elecciones realizadas en las citadas CCAA han servido para medir la representatividad y en función de la misma poder distribuir el presupuesto que cada Consejería de Agricultura tiene destinado a estas organizaciones, siendo estas ayudas la principal fuente de su financiación.
De ahí, la importancia que le dan las organizaciones a estos comicios que sirven también para extrapolar a nivel nacional qué organización es la más importante y también a la hora de distribuir las ayudas del Ministerio a las centrales de Madrid.
Con la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se aprueba el anteproyecto de Ley por el que se regulará e unificará el procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
Esta nueva normativa deroga la Ley, hasta ahora vigente en esta materia, que no permitía obtener datos fiables sobre la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
¿Qué agricultores podrán votar?
Para acceder a ese censo se barajan tres vías: por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la obtención de ayudas agrícolas de la Unión Europa superiores a una determinada cantidad, y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25 por ciento de la renta total.
La elaboración del censo se llevará a cabo con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
En el caso de las personas jurídicas, deberán reunir determinados requisitos como ser sociedades mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria, no estar acogidas al régimen fiscal de atribución de rentas, y acreditar una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.
Los inscritos en el censo podrán participar en la consulta que se realizará en todo el territorio nacional de forma simultánea para determinar las organizaciones profesionales agrarias más representativas.
Esta participación podrán ejercerla los electores bien por correo o de modo presencial en la Mesa correspondiente a su demarcación territorial, que se constituirá en cada Subdelegación del Gobierno, o Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las Ciudades Autónomas.
Organizaciones agrarias representativas
Se considerarán organizaciones profesionales representativas aquellas que obtengan, al menos, un 15 por ciento de los votos emitidos en la consulta nacional y que consigan, además, al menos un 5 por ciento de los votos en tres Comunidades Autónomas.