El ex presidente de Bancaja y ex vicepresidente de Bankia José Luis Olivas ha asegurado en un comunicado que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones.
Olivas ha respondido de esta manera después de que el pasado lunes la Fiscalía solicitara una pena de tres años de cárcel para él por presunto fraude fiscal, en relación con unos trabajos facturados al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino. En concreto, supuestamente el empresario pagó 580.000 euros a una empresa de Olivas por unos trabajos que no existieron y por los que el primero se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda.
Ante estas imputaciones, José Luis Olivas ha indicado que en los años que fue presidente de Bancaja «nunca tuve poderes ejecutivos, lo cual fácilmente se puede constatar mediante la lectura de los informes de Gobierno Corporativo de la Entidad que aparecen en la web de la misma o en la de la CNMV y también en el Registro Mercantil de Castellón».
Confirma también que «nunca (tuvo) un contrato de alta dirección, ni de relación laboral con Bancaja, por lo que no tenía ningún compromiso de exclusividad con la entidad, ni ninguna incompatibilidad para ejercer mi profesión de abogado».
El también ex presidente de la Generalitat recalca que, «en uso de ese derecho a ejercer mi profesión libremente», para lo cual estaba dado de alta en el Colegio de Abogados de Valencia, colaboró entre los meses de abril a julio de 2008 «con la empresa Sedesa Inversiones en la gestión y asesoramiento para la venta de su participación del 25% en Proyectos Eólicos Valencianos (PEVSA) a Endesa, por cuyo trabajo expedí la correspondiente factura y percibí los honorarios profesionales que tenia acordados con mi cliente».
Según ha asegurado José Luis Olivas, esos honorarios «fueron declarados a Hacienda en su momento y por ellos hice efectivos los correspondientes impuestos».
En este sentido, cabe recordar que el investigado Sergio Blasco, gerente del Hospital General de Valencia, -sobrino de Rafael Blasco- tampoco tenía exclusividad y ha admitido haber realizado labores de asesoramiento en hospitales de Perú, aunque ha explicado que de manera «altruista» y sin cobrar.
LA FISCAL SOLICITA PARA OLIVAS TRES AÑOS DE PRISIÓN
La Fiscalía solicita una pena de tres años de cárcel para el expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, por presunto fraude fiscal. Así consta en el escrito provisional de la fiscal, en el que se le reclama la misma pena de prisión para Vicente Cotino y se solicita la apertura de juicio oral para ambos, y para las sociedades Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., Sedesa Inversiones S.L. e Imarol S.L.
La fiscal estima que tanto Olivas como Cotino podrían haber incurrido en un delito contra la Hacienda Pública y en un delito de falsedad documental, y junto a la pena de cárcel, les reclama el pago de una multa de 202.700 euros.
Los hechos se remontan al año 2008. En ese periodo, Vicente Cotino era dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenece, entre otras, la empresa Sedesa Inversiones S.L., cuyo objeto social era el sector de la construcción y energético.
Por su parte, Olivas era administrador y socio al 50 por ciento, con su esposa, de Imarol S.L., destinada al asesoramiento de empresas y a la inversión patrimonial.
La fiscal estima que ambos, «actuando de común acuerdo y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública», decidieron que una transferencia por importe de 500.000 euros más 80.000 euros de IVA que hizo Sedesa a Imarsol fuera contabilizada y consignada en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 del Grupo Fiscal Asedes Capital como gasto deducible.
Para ello, crearon un documento que «aparentaba» ser una factura firmada por Olivas, en la que se documentaba que el cobro por la empresa Imarsol a Sedesa se debía a unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25 por ciento en Proyectos Eólicos Valencianos S.A.
Esta actividad de gestión y asesoramiento «no existió», al realizar dicha venta la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente al Grupo Asedes, «sin intervención alguna» de Olivas, «tratándose el pago de una liberalidad de Cotino al otro acusado», que «en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el Impuesto de Sociedades».
Olivas, cuando fue requerido por los inspectores de Hacienda para que acreditara la realidad de los servicios que se habían hecho figurar en esa factura, aportó un informe de tres páginas firmado por su esposa, «quien firmó por indicación de aquel», y que llevaba fecha de 23 de abril de 2008.
El título de este informe era ‘Operación Parques Eólicos Valencianos’ y no respondía a ninguna gestión llevada a cabo para dicha venta ni contenía ninguna información útil para ella, según mantiene el ministerio público.
De esta manera, agrega la fiscal, debido a la declaración como gasto de esa transferencia a Imarsol en la declaración-liquidación del Impuesto de Sociedades de 2008 del Grupo Fiscal Asedes Capital, la cuota a ingresar a la Hacienda Pública resultó inferior en 150.000 euros a la debida.