La Comunidad Valenciana suma el 16% de las quejas al Defensor del Pueblo y se sitúa tan solo por detrás de Madrid. La Oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incrementó sus actuaciones de oficio un 41 por ciento el año pasado, cuando inició 489 expedientes que en la mayoría de los casos versaban sobre inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación. En total, recibió 23.186 quejas ciudadanas, cifra en línea con la registrada el año anterior. De ellas, 3.690 procedían de la Comunidad Valenciana, el 15,9 por ciento del total, únicamente por detrás de Madrid (7.227).
Así lo recoge el informe anual de la institución que Becerril ha presentado este miércoles al Congreso y al Senado y del que se desprende que las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos a lo largo de 2014 en el conjunto de España tuvieron que ver con asuntos sociales, como percepción de rentas mínimas o prestaciones de dependencia; problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales; y retrasos en la administración de justicia.
Sobre las actuaciones de oficio, 146 iban dirigidas a la Administración General del Estado, 170 a la autonómica y otras 107 a las administraciones locales. El informe destaca una remitida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer «si está habiendo retrasos en la incorporación de nuevos medicamentos innovadores» para el tratamiento del cáncer, y otra dirigida a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a fin de que las entidades financieras apliquen la sentencia del Supremo que anuló las cláusulas suelo.
En cuanto a las quejas, a las 23.186 de los ciudadanos que recibió la institución se suman 289 escritos de solicitudes de recurso de
inconstitucionalidad –28 de ellos de la Comunitat–. Del total, 1.820 procedían de parlamentos autonómicos y cuatro de defensores del pueblo regionales.
El informe detalla que parte de las comunicaciones iban suscritas por un grupo de ciudadanos, de forma que el total que acudió el año pasado al Defensor del Pueblo asciende a 69.916. Otros 20.088 fueron atendidos personalmente, 3.426 de forma presencial y 16.662 por teléfono.