Según se desprende de un informe técnico sobre la actualización de las tarifas aplicables a la prestación del servicio público de ITV, fechado en marzo de 2011, elaborado por el área de Industria e Innovación de la Conselleria de Industria, las empresas concesionarias han tenido un «margen de beneficio extraordinario más allá de lo que cabe esperar como razonable u ordinario en un negocio marcadamente regulado como este», y que ha sido «acumulado en la prestación del servicio durante años».
El texto, que ve la luz ahora, también apunta que, «a pesar del interés y la iniciativa» de la administración por la modernización de las ITV, «no se ha obtenido respuesta recíproca» por parte de las concesionarias, «preocupadas más por buscar contrapartidas a cualquier propuesta que por la propia mejora del servicio, aunque sólo fuera la mínima derivada de la evolución inherente y natural del propio mercado». En esta línea, agrega que las empresas han visto «superadas de manera objetiva las expectativas de negocio previstas en el concurso inicial en el que participaron» y afirma que pretenden «repartirse este exceso, a partes iguales».
Por lo que se refiere al punto sobre la posibilidad de incrementar las tarifas de las ITV, informa de que el incremento de costes derivado del IPC es «absorbido» por el margen de beneficios que obtienen.
En el informe se atribuye la posibilidad de actualizar las tarifas por la puesta en marcha de nuevas estaciones. Sin embargo, remarca que, a excepción de la estación de Puerto de Sagunto abierta en 2001, «la red no ha sufrido alteración alguna respecto a los compromisos previstos».
Además, denuncia «notorios retrasos» en la el caso de la estación de Llíria que se abrió al público en 2007 pese a que el plazo máximo era diciembre de 2000; o la estación de Dénia que se abrió en Ondara en 2010 a pesar de que, según el pliego de condiciones, debía estar operativa en diciembre de 1999.