Las casi 6.000 viviendas propiedad de los bancos destinadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler para familias desahuciadas siguen vacías ya que, según datos de junio, sólo se han asignado 258 pisos y formalizado el contrato de 89 inmuebles, fruto de 594 solicitudes presentadas.
El Ministerio de Economía, que ha facilitado a Efe estos datos, procedentes de la comisión de seguimiento del fondo, considera que las cifras son «aceptables para un proceso que arrancó en marzo», y confía en que las solicitudes se vayan incrementando. También ha abierto la posibilidad de revisar los requisitos si el tiempo demuestra que son demasiado exigentes.
En la actualidad pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desalojadas de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad (familias numerosas, violencia de genero y deudores en paro que hayan agotado la prestación, entre otros).
El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duración de dos años, prorrogables por uno.
La mayor parte de los inmuebles aportados al FSV proceden de cajas convertidas en bancos y una cuarta parte de ellos está ubicada en capitales de provincia.
Según políticos de todo el arco parlamentario consultados por Efe, las familias afectadas son reacias a solicitar estos pisos porque para ello están obligadas a entenderse con el mismo banco que se quedó con sus casas.