El Consell modifica la distancia mínima de tres kilómetros en línea recta para beneficiarse del transporte escolar. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte modificará la resolución sobre las condiciones para ser usuario del servicio de transporte escolar que realizó el anterior Gobierno valenciano. De esta forma, se eliminaría el requisito de residencia a una distancia mínima de tres kilómetros “en línea recta” del centro. Esto cambiaría por un criterio de tres kilómetros “siguiendo la trayectoria de menor distancia accesible y seguro”.
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el DOCV, ha publicado este viernes la resolución de 14 de agosto de 2015 de la Dirección General de Centros y Personal Docente. Mediante ésta, se modifica la resolución de 12 de junio de 2015 de la Dirección General de Centros y Personal Docente. Por esta resolución se establecían las condiciones para ser usuario del servicio de transporte escolar colectivo para el próximo curso 2015-2016.
De esta forma, el Consell ha destacado la nulidad determinada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre el apartado de la resolución por el que se regula el servicio del transporte escolar colectivo. Concretamente, se han referido a la distancia para determinar a los beneficiarios, la cual se mide “en línea recta”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), consideró que la resolución vigente de la distancia mínima de tres kilómetros en línea recta era “contraria al derecho constitucional de igualdad de trato de todos ante la ley previsto en el artículo 14 de la Constitución.” Este acuerdo fue dictado por la Conselleria de Educación, bajo el mando de María José Català, y contra el cual interpuso un recurso Compromís.
Así, el departamento dirigido por Vicent Marzà, conseller de Educación, ha dicho que es “necesario” que se extienda el servicio de transporte. De esta forma, pide que se amplíe “con la finalidad de proporcionar un tratamiento no discriminatorio entre el alumnado” y para “proporcionar un servicio público educativo de calidad al alumnado y remover los obstáculos de cualquier naturaleza que impidan o dificulten el ejercicio del derecho a la educación”.
Paula Cantó