Alessandro Bernaroli, de 40 años, se sometió a una operación de cambio de sexo en 2009, cuatro años después de casarse por civil y por iglesia. Luego de la cirugía, el hombre pasó a llamarse Alessandra y, a pesar de ello, su esposa no tuvo ningún problema con la transformación y ninguno de los dos tiene intención de separarse.
En octubre del año pasado, un tribunal de Módena, la ciudad donde se celebró el matrimonio, reconoció que la pareja tenía el derecho legal a permanecer unidos.
Sin embargo, un tribunal de apelaciones de Bolonia, ciudad en la que viven, impuso el divorcio, citando la falta de diversidad sexual entre los cónyuges.
El problema surgió cuando Alessandra fue a regularizar sus documentos con su nueva identidad femenina en la ciudad. Un empleado del registro anuló el matrimonio alegando que no se puede legalizar el matrimonio entre dos mujeres.
Según el abogado de la pareja, aunque la ley italiana no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo, ninguna ley les obliga a divorciarse sin consentimiento.
«La ley de ratificación de la identidad sexual no prevé la disolución automática del matrimonio. Y si bien el cambio de sexo es una razón para el divorcio, que debe ser solicitada por el cónyuge», dijo el abogado de Michele Giarratana.
La pareja se siente discriminada y planea apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y solicitar asilo político a un miembro de la Unión Europea. Un curioso caso que pone de relieve la paradoja de la ley en muchas ocasiones.