El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 12 comunidades autónomas, que incumplieron el objetivo de déficit en 2015, para que, en un plazo de 15 días, aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que no podrán gastar más de los presupuestado en 2016. Con esto, el Gobierno inicia la aplicación del artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que prevé, en caso necesario, que el Estado ejerza las competencias en materia de tributos cedidas a las CCAA.
En definitiva, estas misivas, firmadas por Cristóbal Montoro, instan a cumplir el déficit y dan dos semanas a las CCAA para decir cómo lo lograrán, al tiempo que recuerdan que con el aumento de los recursos que tendrán en este ejercicio podría ser suficiente para corregir esta desviación sin tener «necesariamente» la obligación de recortar gastos en las cuentas del año corriente.
Las comunidades afectadas son: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.
Las cartas establecen los mismos principios y medidas para estas doce CCAA, aunque en cada una de ellas se detallan los datos de la financiación de que dispondrán para 2016 y el aumento de recursos que suponen en relación con los recibidos en 2015.
Así, Montoro advierte de que el incumplimiento del plan de ajuste por parte de las CCAA, y por consiguiente del objetivo de déficit para 2015, da lugar a la aplicación de las «medidas coercitivas» incluidas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Y en cumplimiento de la Legislación, el ministro aplica la primera de estas medidas coercitivas, la recogida el artículo 25.1. En la carta se detalla sólo una parte del apartado «a» de este artículo, la que dice que obliga a aprobar en el plazo de 15 días, a contar desde la recepción de la carta, los acuerdos de no disponibilidad de créditos y a efectuar la correspondiente retención de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.