El exalcalde de Gandía Arturo Torró

Torró insiste en la legalidad de la concesión de las subvenciones a dos televisiones locales

El exalcalde de Gandia Arturo Torró (PP) declaró el jueves en el juzgado número 3 de Gandia en relación con las subvenciones que otorgó a dos televisiones comarcales en el año 2012. Tras su comparecencia, ha asegurado estar «muy tranquilo» porque el procedimiento seguido para otorgar las ayudas fue «legal». Torró se ha preguntado «por qué el PSOE no dijo nada en su día y ahora los socialistas solo saben hacer circo mediático». Según asegura que ha declarado ante el juez, el procedimiento por el que se otorgaron las subvenciones estaba firmado por el entonces abogado Joan Antoni Juárez, y ahora gerente de IPG, y también el secretario general del Ayuntamiento de Gandia.

El exalcalde ha señalado que seguirá colaborando las veces que haga falta con la justicia, aunque confía en que el juez archive el caso. Torró ha destacado que cuando gobernaba el PSOE, el ejecutivo local destinó 9 millones de euros a la televisión pública mientras que él otorgó 3,5 millones de euros a dos televisiones. El ex primer edil ha indicado que el PSOE «sólo sabe despilfarrar y contratar a los suyos». En este sentido, ha destacado que la acusación la está llevando personal de confianza del PSOE.

Tras la declaración de Torró, el grupo socialista de Gandia ha afirmado que en los próximos días pasarán por el juzgado otros concejales populares como Vicent Gregori, Víctor Soler y Toni Abad dentro del marco de la investigación, así como Javier Reig, el exgerente de IPG Daniel Furió y la asesora de Torró, Cristina Serrano. Desde el grupo municipal socialista consideran «necesario que se conozca la verdad de unas medidas arbitrarias que estableció el PP en la pasada legislatura tras cerrar la televisión pública y que supuso el gasto de millones de euros en televisiones privadas», según ha indicado Jose Manuel Prieto, portavoz del PSOE. A su juicio, «no será la última vez que Torró declare como investigado en los próximos meses por operaciones que se ha demostrado que han sido dañinas para la ciudad y que pueden haber causado perjuicios económicos que hoy obligan a este gobierno a tener que tomar medidas que no son del gusto de nadie», en referencia a la subida de impuestos y los recortes.

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