El pleno del Consell ha anunciado que mejorará la recaudación tributaria a raíz de que haya recibido el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre los expedientes de anulación y baja por prescripción de liquidaciones tributarias tramitadas en el periodo entre 2012 y 2014 por las direcciones territoriales de Castellón, Valencia, Alicante y por las oficinas liquidadoras dependientes, en relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Es la primera vez que la Intervención General de la Generalitat realiza un informe de control sobre la prescripción de liquidaciones tributarias, que se encargó por el Consell en 2014 a raíz de la recomendación de la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según los datos que figuran en el informe, entre los años 2012 y 2014 se anularon 37.457 liquidaciones tributarias por importe de 322.313.238,29 euros. De ellas, un total de 7.378 liquidaciones fueron anuladas por prescripción alcanzando un importe de 51.281.732,64 euros.
El resto, hasta las 37.457 citadas, responden a diferentes causas, fundamentalmente, a las sentencias del TEAR y del TSJCV que anularon las liquidaciones -anteriores a 2012- realizadas por la Generalitat en aplicación de diferentes sistemas de comprobación de valor de los inmuebles.
Una vez anulada una liquidación, se puede realizar una nueva, pero la Administración tiene un plazo de seis meses; si no se cumple, el procedimiento caduca. Entre otras circunstancias, cabe apuntar también el cambio de criterio de los tribunales en 2013, de forma que pasaron a considerar que los recursos no interrumpían el plazo de prescripción, que es de cuatro años.
El anterior Consell aplicó a lo largo de más de una década unos métodos de comprobación de valores, pese a que éstos eran sistemáticamente rechazados por los jueces en la Comunitat Valenciana.
El informe detalla que el gasto en costas procesales derivado de las masivas anulaciones de liquidaciones por las sentencias del TSJCV en el periodo 2005 a 2015 ha sido de 15.864.064,82 euros.
El documento pone de relieve determinadas ineficiencias en la gestión del área tributaria en el pasado, fundamentalmente en el periodo anterior a 2013 -ese año se dictó la primera orden de comprobación de valores que intentó sin éxito dar una respuesta a la situación-, así como carencias de medios informáticos y de sistemas de control que en gran medida podrían estar también detrás de las citadas ineficiencias.
Potenciar el Departamento de Recaudación
Además, se está ultimando la modificación del decreto de reestructuración del IVAT con el fin de potenciar el Departamento de Recaudación, que presentaba notables debilidades. La intención es dotarle de medios personales y materiales adecuados para poder gestionar de forma más completa y pormenorizada el seguimiento del control de prescripciones y la gestión de los expedientes.
El IVAT está también tomando medidas antes las deficiencias de medios informáticos y sistemas de control que pone de manifiesto el informe, incluido el programa informático de gestión, que no asegura la adecuada calificación, registro y análisis de las prescripciones.
Así, se están poniendo en marcha protocolos de coordinación entre la Agencia Tributaria Valenciana y la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación para solucionar estas carencias informáticas heredadas.