José Luís Rodríguez Zapatero no salió, precisamente, por la puerta grande de la Moncloa como presidente del Gobierno. Pero al César lo que es del César. Nadie puede poner en duda que la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, fue una de las iniciativas más aplaudidas y necesarias para miles de personas. Sin embargo, no estuvo exenta de polémica, porque se convirtió en una ley poco equitativa. Como en todo, nacer o residir en un determinado lugar te condiciona, y con las ayudas a los dependientes así fue. Hablemos de injusticia o privilegios, lo mismo da.
La cuestión es que pronto se convirtió en un tema político y no todas las comunidades autónomas la aplicaron por igual. Para algunos, no era su ley ni la de su partido. Los retrasos en los pagos y el no reconocimiento como dependiente fueron motivo de quejas y manifestaciones día sí y día también. Y la Comunitat Valenciana fue un buen ejemplo de ello.
Aunque los políticos, bajo las siglas del PP, se empeñaron en defender su justa y buena gestión en materia de servicios sociales, miles de personas no llegaron a recibir nunca las ayudas, o lo hicieron sus familiares dos o tres años después de su fallecimiento. A ello, hay que sumarle el polémico copago en algunos fármacos para personas dependientes. Y es que como reza el dicho: ‘A perro flaco, todo son pulgas’.
El panorama no es que sea ahora mejor. Aunque el tripartito quiera salir al rescate de los derechos sociales, siguen las trabas. No obstante, el Gobierno central ha reducido su aportación para la aplicación de la Ley de Dependencia a 66,4 millones de euros, lo que representa un 12,28 por ciento del coste total de este servicio para la Comunitat Valenciana, que el año pasado ascendió a 541 millones de euros. Lo dicho: ‘A perro flaco, todo son pulgas’.