El Constitucional, una vez más, da la razón a Ximo Puig. Hay que estar profundamente satisfechos por el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de Sanidad Universal aprobado por el gobierno de Ximo Puig para devolver el derecho de asistencia sanitaria universal a todas las personas de la Comunitat, a través de un Real “decretazo” 16/2012 del Gobierno central, en manos del Partido Popular y encabezado por Mariano Rajoy. El recurso al Tribunal Constitucional, realizado por el gobierno de Rajoy y Santamaría -tanto monta, monta tanto- contra lo aprobado mayoritariamente por la representación de todos los valencianos, fue una muestra más del autoritarismo con el que el PP abordó la pasada legislatura, el paradigma de la habitual conducta de llenarse de poder y un menosprecio al conjunto del pueblo valenciano. Además, deja constancia de la visión del Ejecutivo sobre la Sanidad Pública y la perpetuación del mayor ataque al Estado Social y de Derecho y al Sistema Sanitario Público que se haya producido nunca, sostenido también en la introducción de copagos a discapacitados, pensionistas y dependientes»
Hoy, el Tribunal Constitucional con su sentencia contraria a los intereses de los populares, ha dejado patente que el gobierno de Puig y Oltra tenían razón cuando abordaron la recuperación de la Sanidad Universal en la Comunitat Valenciana y la eliminación de los copagos. Una rectificación respecto a lo impulsado desde Madrid, encaminada a rescatar la dignidad de los más vulnerables a través de un nuevo decreto que garantizaba la universalidad de la Sanidad independientemente del color que tengan y vengan de donde vengan.
El PP desde Madrid, con sus recursos al Constitucional, no ha hecho más que armar una pataleta inútil y poner trabas, en lugar de avergonzarse por las medidas tan indignas que tomó se haya dedicado a llevar al Constitucional decretos como el aprobado por Ximo Puig y Carmen Montón.
Es un buen momento para que pidan perdón. En primer lugar, a los valencianos, por ir en contra de lo consensuado y dictado por su representación política y, en segundo lugar, a la ciudadanía en general por atentar contra algunos de sus derechos fundamentales.