Los empresarios consideran que la CEOE y las 4.500 organizaciones empresariales que representa «no deberían ser incluidas» en esta ley, mientras que los sindicatos creen que sólo debería obligarles a dar cuenta de la «gestión de los recursos públicos» que reciben y de los «programas de financiación pública que gestionan».
Según los datos que han ofrecido hoy sus representantes en el Congreso, la financiación pública representa un 2,81% de su presupuesto en el caso de CCOO, algo más del 20% en UGT y un 32,1% en el presupuesto de la CEOE.
A este respecto, los sindicatos han pedido que no se confundan las subvenciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas con los fondos para programas públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas y en los que participan otras instancias, porque «la realización de programas no es financiación».
En su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre la Ley de Transparencia, CCOO y UGT han exigido que su aplicación a las organizaciones sindicales no limite su «completa autonomía organizativa», ni suponga una «injerencia de los poderes públicos» en la libertad sindical.
El secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha defendido que la obligación de los sindicatos no debería ser la misma que la de los partidos políticos «a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes».
El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha dicho que estos son «partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados», y ha rechazado que sea legítima la «obtención de información de entidades privadas».
Lázaro ha sostenido que «no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto», ni que tenga que «auditar obligatoriamente sus cuentas», y que no le parece «pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente». La CEOE ha emplazado a los representantes políticos a «hablar para que el modelo que se desarrolle no coarte el funcionamiento de las patronales y, por tanto, de las empresas».
El representante de UGT ha planteado si los medios de comunicación y la banca no deberían someterse también a la ley de transparencia y, en ese sentido, el dirigente de la CEOE ha afirmado que «hay muchas organizaciones privadas que también podrían estar, como los notarios, un colegio concertado o un canal de televisión».