Durante los últimos veinte años la oposición política ha estado controlando y denunciando, con una perseverancia monacal, los desmanes del Partido Popular. Han aprendido la sistemática del seguimiento, de la denuncia y de los debates agrios, en muchas ocasiones improductivos, dentro y fuera de las instituciones. Ahora parece viable que esa oposición tenga que pasar de denunciar a proponer, lo que es, sin duda, una buena noticia incluso para aquellas personas honestas que, siendo de derechas, creen que es saludable la alternancia en los gobiernos. Ese cambio de actitud parece haber alcanzado también a los topos de la Generalitat que llevan algunos meses sin sacar papeles nuevos, quizás porque, estos roedores, están ahora más preocupados por ver la paja en el ojo propio que la viga en el ajeno ante su convencimiento de que es cierta la imposibilidad refranera de que las personas aprendan en cabeza ajena. Pero la posibilidad de que, entre los miles de miembros de las fuerzas pregobernantes, haya mendrugos, trileros, interesados, embaucadores o negociantes será tan alta como sean de bajos los mecanismos para limitar sus movimientos en una relación inversamente proporcional. Es decir, a menos controles más mendrugos. Sin duda, negar su existencia, en términos conceptuales y absolutos, es el primer paso para encontrárselos después, y ya demasiado tarde para explicaciones, en el banquillo de los acusados, en detrimento de la credibilidad de quien les nombró. La diferencia pues, entre la derecha y la izquierda en esta cuestión, estriba en que no se niega esa posibilidad y que se ponen las bases para que la regeneración democrática no sea una declaración de intenciones electoral, sino una propuesta de acción de gobierno que se aplicará con medidas concretas y bien estructuradas. La corrupción es, junto al empleo, la preocupación más importantes de la ciudadanía. Lo es, y debe seguir siéndolo aunque las cosas mejoren. En esos dos temas, el nuevo gobierno no puede bajar la guardia, porque su valoración futura dependerá de cómo lo haga durante los cuatro años que dure la legislatura en ambas materias.
Otras cosas de la acción de gobierno, serán motivo de crítica o desacuerdo por parte de algunas asociaciones o personajes pero, la gran mayoría de la población, juzgará el éxito o fracaso del futuro gobierno por los logros, sobre todo, en estos dos temas. Uno por su impacto sobre la imagen del gobierno y la otra por su impacto en la vida corriente de la gente.
A la ciudadanía no se le puede pedir que se fíe, sin más, de la bondad de la izquierda, se le ha de explicar el porqué de que se le pida su confianza, de por qué las cosas que han pasado en nuestra tierra no van a volver a pasar y de que, en caso que pasen, no será una información o actuación externa la que lo denuncie y lo pare. Medidas tales como obligar a los candidatos a firmar una declaración de que no se han acogido a regulaciones/amnistías fiscales (que a mi entender debe alcanzar a asesores y cargos del próximo gobierno), el control previo, por parte de Les Corts, de la preparación y honestidad personal de los nombramientos de altos cargos, la creación urgente de la oficina antifraude, la aprobación de una ley de transparencia que publique toda la información administrativa, el reforzamiento de los servicios de control presupuestario y de legalidad de la acción de gobierno, así como, el refuerzo de los departamentos de inspección de los servicios propios, de los contratados y de los concertados son, todas ellas, acciones fáciles de aplicar y baratas. Incluso, me atrevería a decir, que son medidas que generan riqueza.
La ética, pues, no es una postura, no es un acto formal sino real, es una forma de actuar, cierta y concreta y, en ese sentido, la acción de gobierno se ha de basar, no en la voluntad individual de las personas o en su confiabilidad, sino en la acción colectiva de la sociedad. Y, en este conjunto de cosas, los partidos políticos han de actuar con un nivel de exigencia que casi roce la presunción de culpabilidad de sus miembros. Este es, de hecho, la razón que justifica la creación de la oficina antifraude, la «policía administrativa» interior, que vigilará y perseguirá las conductas inapropiadas antes de que se produzcan analizando las actuaciones políticas y administrativas que conducen a ellas.
Así, desde mi punto de vista, si alguien en las filas de las fuerzas pregobernantes, han tenido relación comercial o de servicio con personas o empresas que han sido imputadas o declaradas culpables en procesos de corrupción, dentro o fuera de nuestras fronteras, que se haga mirar hasta dónde llegó su colaboración, porque, de lo contrario, estará en el ojo de los topos y toperas de la Generalitat. Sobre todo porque las conductas inapropiadas de los que abandonan el gobierno ya son tarea de limpieza de la nueva administración, las sindicaturas y la fiscalía. Así que tiempos tendrán.