Recordaba hace unos días la Organización Colegial Valenciana de Enfermería (Cecova) la importancia de la inmunización a través del acto vacunal «como la mejor y única medida preventiva frente a algunas enfermedades». Esta declaración se enmarca en la polémica del niño de Olot que no estaba vacunado contra la difteria y contagió a otros niños que son portadores de la bacteria, si bien no han desarrollado la enfermedad. De nuevo un viejo debate vuelve a la agenda pública que, a nuestro entender, deberían resolver las autoridades públicas estatales y autonómicas. Hay argumentos para todos los gustos -unos más débiles que otros-, pero en cualquier caso, desde la administración se debe proteger siempre a toda la población, por encima de estos debates. La decisión sobre qué vacunas entran en el calendario de vacunación y las edades en las que administrarlas, queda en manos del ministerio de sanidad, aunque las CCAA tienen un margen para decidir sobre ello. Aunque solo un 5% de la población no está vacunada, conviene recordar que la vacunación no es obligatoria en España. El ministro de sanidad Alfonso Alonso ha manifestado que no es partidario de la obligatoriedad, prefiere apostar por la concienciación, pero el ministro debería recordar que hay otros casos en los que hay riesgos para la vida en los que sí se apuesta por la imposición, como es el caso del cinturón de seguridad en los automóviles. Claro, podríamos pensar que con el cinturón de seguridad hay un afán recaudatorio y tan poco querríamos ir tan lejos. En cualquier caso, recordemos que un niño sin vacunar es una pequeña “bomba de relojería” para su entorno.
A nuestro parecer, en caso de continuar dejando a criterio de los padres la vacunación o no de sus hijos, la administración debería velar por la mayoría de la población e impedir el acceso de estos menores a los entornos en los que puedan contagiar la enfermedad en caso de padecerla. Y esto invocando simplemente esa máxima de que la libertad de uno acaba donde comienza la del otro. La convicción de la sociedad sobre la bondad de las vacunas -y más teniendo en cuenta el número de vidas que han salvado desde su uso- puede ser una cosa de las asociaciones médicas, pero las autoridades sanitarias deben imponer el criterio mayoritario. De hecho, Cecova y los colegios valencianos de enfermería han puesto en marcha una campaña, cuyo nombre, con su permiso, hemos utilizado para titular este editorial, en la que hace hincapié en la importancia de las vacunas, sobre el derecho de los niños a que sus padres velen por su salud y sobre todo, en el acto de solidaridad que supone vacunar a nuestros hijos. Otra cosa es el precio de aquellas que no entran en el calendario oficial de vacunación y aun así los pediatras (de la medicina pública y la privada) recomiendan. Este es otro aspecto que junto con la obligatoriedad, deberían plantearse los sectores implicados en la sanidad española y a la mayor premura posible para evitar otros casos como el de los niños de Olot.