La economía sumergida ha sido siempre el eterno problema económico español. Esta “lacra” supone para las arcas del estado entorno al 18,6% del PIB, mientras que la media europea se sitúa entorno al 18,5%. Si comparamos ambos datos se puede pensar que no es tan grave como parece. Pero el porcentaje de economía sumergida en España esconde un dato: el fraude en materia laboral.
Se estima que el fraude en materia laboral dentro de la economía sumergida española supone un 8% del PIB o, lo que es lo mismo, ocultar un millón de empleos a tiempo completo. ¿Cómo es esto posible? Pongamos un ejemplo: una persona soltera que lleva dos años parada, tiene un hijo de dos años a su cargo, vive en una vivienda social y recibe una ayuda mensual para sus gastos. Esta persona recibe una oferta laboral, pero con el nuevo sueldo no le es posible cubrir los gastos de la guardería y de un alquiler en el mercado libre, dado que no puede disfrutar de la vivienda social que ahora disfruta porque su sueldo está por encima de los requisitos que hay que cumplir para que te la concedan. Por lo tanto ha de rechazar esta oferta. ¿Y para el empresario? Al contratar a un nuevo trabajador, ha de hacer frente a un sinfín de pagos (IRPF, seguridad social, etc.…). ¿La solución? La vemos reflejada dentro de ese 8% del PIB.
El plan de choque contra el fraude laboral puesto en marcha por el gobierno se centró en dos vías: disuadir (mediante aumento de las penas por incurrir en ocultación de actividades laborales), e incentivar (aumentar los beneficios al contratar a nuevos trabajadores). El plan de choque no dio los frutos esperados, por lo que el gobierno entonces simplificó los tipos de contratos laborales existentes en España, pero no se espera que esta medida vaya a funcionar.
¿Existen soluciones a este problema? Desde luego. Lo primero es incentivar la contratación, aumentando las ayudas fiscales para la contratación, y generar una mayor concienciación social acerca de este problema, que afecta principalmente a los hogares con unos ingresos inferiores que la media.
La segunda medida sería implantar el uso de incentivos fiscales para aumentar la participación laboral. ¿En que consisten? Que el sistema de protección social que existe se convierta en un incentivo, que la protección social no desaparezca cuando obtienes un empleo, si no todo lo contrario, a mayores ingresos en el hogar mayor es la ayuda que recibe este hogar hasta llegar a un límite de ingresos. De esta manera ayudamos a aquellos hogares en riesgo de exclusión social, afloramos el empleo sumergido y aumentamos la recaudación de impuestos directos.
En otros países estas medidas están funcionando pero no en todos se aplica. Es complicado y complejo aumentar las prestaciones sociales cuando hay que cuadrar los números rojos de las administraciones públicas y cumplir así con las exigencias de Europa, pero quizás si ayudamos a los que más lo necesiten sea un punto de partida para la recuperación económica que todos deseamos.
Alfonso Marco (@AlfonsoMarcoSas)
Controller Financiero