La actividad económica es un elemento fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible, con un adecuado equilibrio de la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Durante mucho tiempo, las actividades se clasificaron en dos grupos claramente diferenciados: en inocuas y calificadas. Actualmente esta distinción tan evidente ha desaparecido y se encuentra más desdibujada. Dependiendo del grado de impacto medioambiental que generan las distintas actividades, estas deben cumplir una serie de condicionantes y medidas correctoras que garanticen su correcto funcionamiento dentro de los límites establecidos por la legislación sectorial vigente.
Llegado a este punto, considero que las administraciones deben velar por el estricto cumplimiento de la legislación que afecta a cada actividad en particular. Esta competencia de las administraciones afecta tanto a la fase de obtención de las licencias de obra y actividad, donde se supervisan todos los condicionantes, como a la fase de puesta en marcha, mediante el otorgamiento de la licencia de apertura. Asimismo las administraciones también deben llevar un seguimiento del correcto desarrollo de la actividad a lo largo de su periodo de explotación.
La primera fase de este proceso, la de otorgamiento de licencias y su puesta en marcha, generalmente cuenta con un adecuado control por parte de las administraciones. Sin embargo, el posterior proceso de seguimiento y supervisión no suele funcionar, en general, de un modo tan eficiente. En ocasiones las administraciones no actúan con responsabilidad y pecan de una carencia de vigilancia, inspección, control y sanción, ya que no disponen de los recursos materiales y humanos necesarios para ejercer estas competencias de manera adecuada.
Me parece reiterativo insistir en la necesidad de racionalizar las administraciones, evitando estructuras elefantiásicas y clientelares, pero en este terreno se da una paradoja que merece la pena comentar. El sobredimensionado de algunas unidades administrativas convive otras a las que resulta necesario dotar de recursos humanos y materiales porque su estructura resulta claramente insuficiente, casi raquítica. Este infradimensionado de algunos órganos administrativos implica que la administración carezca del músculo suficiente para poder actuar con responsabilidad en el cumplimiento de sus competencias y tutela de los intereses generales.
Como consecuencia, este tipo de administraciones esquilmadas de recursos, en lugar de reducir costes, generan y sufren fuertes sobrecostes, tanto desde el punto de vista socioeconómico, como desde criterios medioambientales. En ellas, el impacto que ocasionan aquellas actividades que funcionan sin licencia y sin cumplir con sus obligaciones de corregir sus efectos contaminantes acaban generando una mayor carencia de calidad medioambiental a corto plazo, y, en un mayor nivel de pobreza, a medio plazo.
Cuando una actividad se ejerce de forma irresponsable, -y créanme que algunos individuos saben cuál o cuáles administraciones no cumplen diligentemente sus competencias de vigilancia, inspección, control y sanción, en tiempo y forma- se genera y traslada un grave problema para el resto de los ciudadanos. Al final serán ellos quienes acabarán pagando con sus impuestos, vía responsabilidades patrimoniales y medioambientales, o vía inversiones de recuperación y regeneración, los efectos que, una actividad sin control ha producido en forma de contaminación acústica, atmosférica, gestión inadecuada de residuos, etc..
Pero además, la falta de cumplimiento, por parte de las administraciones, de sus competencias, provoca el efecto perjudicial del agravio comparativo entre los empresarios que hacen gala de responsabilidad y otros individuos, cuyas conductas más laxas o claramente irresponsables -cuando no, delictivas- destruyen el tejido económico y ponen en cuestión la credibilidad de las instituciones.
Para alcanzar el desarrollo social y económico al que aspiramos, todos los individuos de la sociedad deben someterse plenamente a la ley y al derecho. Precisamente esta conducta debe de ser especialmente modélica en el caso de las administraciones con competencias en materia de vigilancia, inspección, control y sanción.
Autor: Domingo Rojo. Diputado por Partido Ciudadanos