Parece haber unanimidad: el juez encargado del caso del descarrilamiento del tren Alvia a las puertas de Santiago, ha dado un giro inesperado al asunto. O por decirlo mejor: a la hora de interpretar los hechos de la tarde del 24 de julio, ha tomado un camino que la mayoría de los españoles, empezando por los medios informativos, no esperaba. Y que, además, abre puertas a interpretaciones interesantes en otros ámbitos.
Hasta el propio conductor del tren parecía estar trazándole el rumbo a su señoría. Reconoció su descuido, reconoció ir a doble velocidad de la permitida. Incluso parecía que con sus lamentos y comentarios se inculpaba, lleno de remordimiento humano. El asunto estaba claro, dijimos con suficiencia.
Sin embargo, cuando se supo que al conductor le había llamado un compañero de la red para darle una información complementaria, y que lo había hecho usando un móvil de la compañía, empezamos a ver que el exceso de velocidad estaba “en otra parte”. En unos trenes que van demasiado rápidos en comparación con algunas deficiencias de la red, sus comunicaciones y sus controles.
Ahora ha sido el juez el que, de forma decidida, ha tomado el camino de analizar el sistema entero en el que se movía el convoy descarrilado para enjuiciarlo en su conjunto. Y para señalar que en ese sistema hay fallos, hay lagunas. En las que el conductor del tren accidentado, que no deja de tener una responsabilidad por su descuido, es también, por así decirlo, una víctima. Adif, vienen a decir las decisiones de procesamiento del juez encargado del caso, debió tomar medidas de seguridad cautelares; incluso debe tener resuelta la previsión, el azar, la posibilidad, de que ese conductor pueda sufrir un despiste…
La decisión, en efecto, transforma por completo el caso del Alvia; lo desvía del rumbo trillado que imaginábamos. Y aunque el camino judicial que resta es todavía muy largo, aunque queda un gran trecho por andar, en principio se está poniendo a la empresa pública en el disparadero de la responsabilidad civil y quién sabe si penal. El conductor es un frágil resorte dentro de una estructura que debe responder a la vista de lo sucedido y de las condiciones en que sucedió.
Claro que el sesgo que toma el asunto nos lleva a discurrir sobre la seguridad de las infraestructuras que utilizamos en otros muchos ámbitos de la vida diaria. Porque a la vista de esta deriva judicial es lógico y evidente que los ayuntamientos deben tener las instalaciones públicas en condiciones de seguridad y buen uso siempre. Sin que quepan imprudencias, malos usos o conducciones temerarias: una carretera deberá estar siempre bien señalizada y mantenida y no valdrá esa excusa administrativa de “conducir a una velocidad adecuada a las condiciones de la carretera”, en tanto que “las condiciones de la carretera” son las que habrán de ser adecuadas a la conducción.
Probablemente, aunque es pronto para saberlo, un nuevo concepto, una nueva filosofía de la seguridad, y de la responsabilidad, está abriéndose paso en la sociedad. No es fácil, sin duda, determinar la responsabilidad y sus grados en los modernos medios de transporte y comunicación: el conductor y su pericia deben ir acompañados de elementos de seguridad, porque no hablamos de él –mera herramienta conductora– sino de la seguridad y la vida de cuantos van sentados en el convoy.
En otro orden de cosas, esta interpretación debe ser conducida hacia las grandes infraestructuras de servicios. En recuerdo de las inversiones que las empresas suministradoras o concesionarias están obligadas a hacer (y no hacen) para mantener la calidad de las prestaciones que ofrecen y contratan.