Una de las actuales iniciativas normativas del Consell que más atención acapara en los medios económicos es la redacción de la futura Ley del Turismo, del Ocio y la Hospitalidad. Esta norma vendrá a sustituir a la ya veterana Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana de mayo de 1998 (casi mayor de edad, por tanto), cuyos buenos resultados son evidentes, pero que probablemente esté ya obsoleta y precisa de una nueva formulación.
Dada la estructura económica de nuestra Comunidad –en la que el turismo es una fuente de riqueza de primera magnitud- todo lo que contribuya a promover esta actividad adquiere gran relevancia.
El proyecto de nueva Ley, según lo avanzado desde la Generalitat, tiene por objeto fomentar un concepto y una visión de la Comunidad como un destino turístico construido sobre unos valores de sociedad abierta, hospitalaria y volcada en un turismo inclusivo. La accesibilidad, la vocación al viajero dependiente, senior y sin exclusiones discriminatorias, van a ser características.
Por supuesto, suponemos, que se tratará de desestacionalizar y promover el turismo de interior y el cultural, poniendo en valor no sólo nuestro clima y gastronomía (sin dejar por ello de potenciarlos y seguir valorándolos y comunicando sobre ellos) sino también muchos otros atractivos.
La mera inclusión en el título de la futura Ley de “la hospitalidad” ya señala que unos de los objetivos prioritarios va a ser este concepto y, obviamente, eso sólo se consigue priorizando la divulgación de la calidad humana de las personas que habitan el territorio –en general- y de aquellas con las que tratan los visitantes –en particular- y la susceptibilidad de convertirse en un lugar de residencia permanente o casi permanente para colectivos originariamente foráneos. Estos colectivos pueden establecerse no sólo atraídos –como antaño- por un clima excepcional y unos precios por debajo de los de sus lugares de origen, sino también por una acentuada hospitalidad para sus peculiaridades como ancianos, dependientes, enfermos crónicos, u otros colectivos con características singulares.
Ahora bien, desde la óptica empresarial, hay varias cuestiones normativas que no van a ser abordadas y resueltas por esta Ley, que tienen una gran incidencia en el sector turístico y que están actualmente en pleno debate jurídico y mediático. Me refiero a tres actividades muy relacionadas con el turismo: el comercio, el transporte y el alojamiento. En estas tres actividades –que afectan a la economía del turismo, a los empresarios turísticos y –sobre todo- a los turistas, hay actualmente una polémica importante, sobre la que el ordenamiento jurídico va a tener que ser conformado en un sentido u otro en breve.
En el comercio están la cuestión trascendente de los horarios de apertura –sobre todo la apertura en festivos- tema candente y del que ya he escrito en las páginas de este diario, pero sobre el que hay que seguir tratando, pues nada se ha resuelto en definitiva y el problema sigue estando ahí.
En el transporte y el alojamiento el problema –y el debate- es muy similar e igualmente candente: la permisividad y/o la regulación de los alquileres turísticos y los transportes de pasajeros contratados directamente entre particulares. Se trata de la llamada economía colaborativa.
Este concepto –en principio muy atractivo y socialmente loable- se ha visto controvertido por la generalización de plataformas on line para facilitar el contacto entre prestadores del servicio y usuarios, lo cual no tendría ninguna complicación si no fuera porque en la práctica supone la eventual inaplicación de la reglamentación administrativa –y potencialmente fiscal- en materia de transporte de pasajeros y alojamientos turísticos, suponiendo –por esta inaplicación de la normativa- una competencia para los prestadores de los mismos servicios que sí lo hacen con arreglo a la normativa administrativa y fiscal, los cuales llegan a considerar competencia desleal estos mecanismos de economía colaborativa.
La cuestión no es pacífica ni siquiera en los estamentos oficiales, pues mientras que las Administraciones –del Estado y de las Comunidades Autónomas- se muestran lógicamente partidarias de reconducir a la regulación administrativa y fiscal a todos los prestadores de servicios, y en este sentido van aprobando normativas específicas, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es más partidaria de la desregulación y la mayor libre competencia y se plantea incluso recurrir estas normativas reglamentadoras.
En fin, que sea bienvenido el impulso legislativo al turismo, el ocio y la hospitalidad; y que haya paz y avenencia en el comercio, el transporte y el alojamiento turístico (aunque probablemente sea necesaria, como en tantas cosas, que la paz pase por el proceso judicial correspondiente).
Artículo de colaboración de Mariano Ayuso