La bomba del estallido del caso “Taula”, las detenciones y actuaciones policiales y judiciales de los últimos días, han ocultado en los medios de comunicación otra noticia más importante, aunque no tan llamativa: la presentación en el Tribunal Constitucional, por el Presidente de la Generalitat y la Consellera de Justicia, de un recurso contra los Presupuestos del Estado para 2016.
El mantenimiento de la angustiosa infrafinanciación de la Comunidad Valenciana por el Estado ha llevado, la pasada semana, a la presentación por el Gobierno Valenciano de un recurso de inconstitucionalidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Hace unas semanas afirmé en estas mismas páginas -a propósito del anuncio por el Presidente Puig de que el Consell estaba estudiando la interposición de este recurso- que ese era el camino correcto para pelear contra una situación muy clara de infrafinanciación de la Comunidad. Ese camino suponía luchar por los derechos propios pero desde dentro del marco de la Constitución y desde los cauces legales, sin acudir –como los responsables políticos de otra Comunidad vecina- al chantaje extraconstitucional de las amenazas secesionistas y de las aventuras anticonstitucionales de referéndums ilegales.
La verdad, indudable, es que la Comunidad Valenciana es uno de los “hermanos pobres” en la financiación autonómica. Ni tenemos privilegios históricos –como Navarra o el País Vasco- ni nuestros políticos autonómicos han sabido –o no han querido- pelear en las negociaciones entre las Comunidades y el Estado por una financiación justa y adecuada a nuestra población. El resultado ha sido una infrafinanciación histórica, que ha generado una deuda histórica enorme. La Comunidad Valenciana hace lustros que recibe –para el ejercicio de las competencias transferidas desde el Estado- una sumas muy inferiores a las que corresponderían a su población real.
La final consecuencia es que en términos financiación por habitante de los servicios más esenciales e importantes –como la Educación o la Sanidad- estamos financiados en la mitad o la tercera parte que otras Comunidades (incluso no ya que las históricas, sino que las de muy reciente tradición regional propia). La responsabilidad no es –obviamente- sólo de los malévolos responsables del Estado, sino también –y, quizás, principalmente- de nuestros responsables políticos autonómicos que no han gestionado correctamente nuestros intereses, prefiriendo en muchas ocasiones la autorización del Estado para un mayor endeudamiento, que una financiación más justa en términos de reparto de los recursos financieros en proporción a la población real destinataria de los servicios transferidos por el Estado.
Pero lo de los últimos años ha rebasado los límites. El plan de financiación cuatrienal, 2009-2013, está siendo prorrogado y no negociado uno nuevo y distinto. Además, como consecuencia de la aplicación de la obsoleta Ley 22/2009 (cuya disposición adicional séptima establecía una forzosa revisión quinquenal), este año tendríamos que abonar la Comunidad al Fondo de Suficiencia Global más de mil trescientos millones de euros, que nos serían detraídos de la aportación del Estado a la Comunidad por los servicios esenciales transferidos. Un agravación de la eventual bancarrota a la que nos lleva el actual –y prorrogado- sistema de financiación.
Por eso –y vista la nula disposición a negociar del Gobierno del Estado- entiendo que es muy correcta la interposición del recurso de inconstitucionalidad con la Ley de Presupuestos del Estado para 2016, fundada en la infracción de numerosos preceptos de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía (los Estatutos de Autonomía forman –junto con la Constitución- el llamado “bloque de la constitucionalidad” conforme al cual se juzga la constitucionalidad de las leyes conforme al artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).
En suma que, ante la infrafinanciación de nuestra Comunidad y su agravamiento por la Ley de Presupuestos del Estado para 2016 –y vista la cerrazón a negociar del Gobierno del Estado- el Consell de la Generalitat ha seguido el camino correcto para intentar resolver la cuestión dentro de la legalidad y de la lealtad al proyecto común de España que define la vigente Constitución.