Un Gobierno que gobierna sería la afirmación más acertada para definir la gestión del Partido Popular tras el 20-N. Con una Nación en estado de emergencia tras la debacle provocada por las políticas de la Izquierda, el Partido Popular apostó por trazar una hoja de ruta donde Ejecutivo y Legislativo han llevado a cabo una ímproba labor para poner en marcha esa impronta reformista que ha caracterizado esta Legislatura.
Una apuesta difícil y comprometida, llevada a cabo con rigor y responsabilidad conscientes de su incomprensión, muchas veces por el propio ruido mediático de una Izquierda que difumina todo aquello que proviene de las filas populares y otras, también, por los propios errores que conlleva la acción de gobierno. En plena ceremonia de la confusión en la Izquierda, asistimos perplejos como se les llena la boca de constantes reclamaciones sobre todo aquello que, incomprensiblemente, se olvidan de aplicar cuando ostentan responsabilidades de gobierno.
En este sentido, la reciente aprobación por el Consejo de Ministros de la denominada “Ley de Segunda Oportunidad”, es una de las medidas más importantes de esta Legislatura. Un Real Decreto Ley que busca devolver a la sociedad española los esfuerzos que ha realizado para salir de la crisis. Una aportación extraordinaria y generosa de una sociedad que ha vuelto a admirar al mundo, al permitirnos salir de la crisis en tan solo tres años. Pero ese esfuerzo también se ha cobrado un precio muy alto. Miles de empresas han sido vapuleadas por la crisis más virulenta que recordamos, unas 400.000.
Por ello, la acción de gobierno debía centrarse prioritariamente en aquellas personas que más la han padecido. En palabras de nuestro Portavoz de Economía, Martínez- Pujalte, “hemos trabajado para mejorar la Ley Concursal y permitir que las empresas puedan continuar con sus negocios, especialmente las pequeñas, aunque atraviesen dificultades económicas”, y no solo estamos hablando de un cambio normativo de futuro. Modernizamos y actualizamos una legislación basada en el art 1911 del Código Civil, la denominada Responsabilidad Patrimonial Universal, sin modificar desde 1889.
Una apuesta legislativa valiente y necesaria, que demuestra ese apoyo firme y decidido desde el Gobierno Popular.
Con ella, el emprendedor que haya fracasado en su actividad empresarial, podrá negociar la deuda adquirida con sus acreedores gracias a un procedimiento extra-judicial de pagos, ofreciendo unas condiciones más ventajosas. De esta forma, emprendedores y pequeñas empresas con deudas superiores a 5 millones € podrán buscar acuerdos con los acreedores mediante la figura de un mediador concursal, con el objetivo de garantizar que ese fracaso empresarial, no cause un empobrecimiento y una frustración que lastre su futuro.
Esta Norma viene a ampliar y flexibilizar los acuerdos extra-judiciales de pagos incluidos en la Ley de Emprendedores de 2013, para mejorar su eficacia y facilitar la reestructuración de deudas de forma ágil y sencilla. Así, cabría destacar como principales novedades:
• Que las personas físicas (particulares y autónomos) también podrán acceder, además de los empresarios y empresas.
• La exoneración de todas las deudas aunque no se cubran con la totalidad de los bienes.
Una “segunda oportunidad” que busca conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitirán afrontar el pago de las deudas de forma ordenada. Un paso más, acercándonos a la legislación en este sentido en otros países de nuestro entorno. Una apuesta, que deberemos ir mejorando entre todos, pero que supone un avance, sin duda importante, en un terreno muy castigado por la crisis.
Mientras “otros” no se acuerdan de lo importante que es legislar para las personas cuando gobiernan, el Partido Popular sigue hombro con hombro, junto a aquellos que más lo necesitan. Sin demagogia, ni populismo. Con realidades y hechos, porque no hay mejor Política Social que fomentar y generar empleo. La oportunidad de sumarse a la recuperación, para ayudar a más de 500.000 familias y autónomos.