“A partir de ahora dejamos de ser chicos buenos ante el ninguneo reiterativo del Gobierno”. Con esa reivindicación tan contundente, las asociaciones empresariales valencianas con Cierval y la CEV a la cabeza, han mostrado su rechazo a la actitud mostrada por el Gobierno en la polémica revisión del sistema de financiación autonómica.
Sin embargo, esta reclamación podría haber tenido un mayor peso específico si hubiera llegado hace algunos años, y no en un momento donde parece más un movimiento político para salvaguardar la imagen de Fabra, que una reclamación real y consistente en defensa de las pymes, las infraestructuras y la financiación de la Comunitat.
Porque a pesar de parecer una buena, necesaria y justa reivindicación ante el Gobierno, de cuyo movimiento ha resultado la convocatoria urgente de una reunión con Montoro tras el quórum del pasado martes en el Palau de la Generalitat, lo cierto es que esta declaración de intenciones resulta poco creíble a ojos de aquellos/as que componen la base del tejido empresarial valenciano.
Que ahora las patronales busquen cerrar filas en torno a la figura de Fabra, en un momento en que el President está contra las cuerdas por la sombra de una posible intervención, resulta lícito y necesario para la imagen de la Comunitat. Pero una cosa es una reivindicación y otra si realmente resulta efectiva de cara a la imagen de unas asociaciones que poco a poco han ido desligándose de las pymes, que eran su razón de ser, para terminar envueltas en el juego político, en función de los intereses de turno.
Esa es aparentemente, la triste realidad de una reivindicación que insisto, es necesaria y justa. Porque el hecho de que no hayamos hecho las cosas bien en la Comunitat, no quita para reclamar lo que nos corresponde en la financiación autonómica, donde el ingreso presupuestario sería mucho más preciso si se ajustará per cápita y no en un modelo demasiado asimétrico.
Es de recibo también, que las asociaciones junto con el Consell, reclamen un paso adelante en la ejecución de las infraestructuras necesarias para mejorar nuestra competitividad. Pero no es menos cierto que la competitividad industrial se cimenta desde la base de las empresas, oxigenándolas y fortaleciéndolas cuando es su momento, y en base a sus necesidades para que puedan crecer, porque de lo contrario se ahogan, como viene sucediendo en los últimos años debido a la crudeza de la crisis.
Por tanto, las reivindicaciones en materia de financiación e infraestructuras pueden resultar muy impactantes en el juego mediático de la política, pero sin embargo, miles de pymes valencianas se asfixian en el día a día.
Aunque por otra parte, la Generalitat incumple sistemáticamente, una y otra vez, los pagos a colectivos profesionales y sociales como las farmacias, bienestar social o la dependencia.
Es obvio que el Consell no puede llegar a todas partes, pero también da imagen de no tener muy claro por dónde atajar el problema de la financiación. Y esto es notorio cuando no se tiene claro dónde meter la tijera y dónde no. Porque a un problema de intrafinanciación no se le puede sumar el exceso, todavía, de muchas empresas públicas que la Generalitat no ha decidido extinguir o al menos reestructurar.
Y eso por no hablar de ir poniendo parches en función de la demanda y de las partidas sobrantes del FLA, que no predeterminadas, lo que impide establecer un correcto calendario de pagos.
Es cierto, que recientemente han llegado 935 millones de euros y es posible que puedan llegar 600 millones más procedentes del FLA. Sin embargo, ese dinero se utiliza “para tapar agujeros”, como popularmente se dice de la escasez económica, pero sin tener claro que hacer con todos los fondos, cuando por ejemplo, se les paga a las farmacias, pero no se sabe muy bien qué hacer con los 400 millones restantes.
Descontrol o improvisación son argumentos poco fiables para un Fabra al que el tiempo apremia y que se ve acorralado, y sobrepasado por los acontecimientos.
La sombra de la intervención cada vez se cierne más sobre el Palau de la Generalitat, ya que a un posible rumor, los movimientos por parte del Estado, como el gravar los depósitos de los bancos, y por tanto, anteponer una legislación gubernamental a la autonómica, con el consiguiente perjuicio para las arcas autonómicas, da que pensar sobre si tal vez, estemos en el inicio de una intervención, aunque sea de manera encubierta.
La falta de maniobrabilidad de Fabra, acosado por la salud económica, tiene en el espaldarazo tardío de los empresarios valencianos una de sus últimas opciones para aguantar su supervivencia al frente del Consell y evitar, incluso, la convocatoria de elecciones anticipadas.
Por otra parte, la Generalitat da la razón al Ayuntamiento de Alfafar en su pugna con la multinacional Ikea por su intención de abrir en domingos y festivos.
El conseller de Economía, Máximo Buch, actúa con coherencia, ya que no considera a Alfafar como de Zona de Interés Turístico, despejando así un posible conflicto legal con la norma del Gobierno, que dictamina la declaración previa de un municipio con esa catalogación para que la apertura en festivos pueda aplicarse, tal y como sucede en cuatro zonas de Valencia.
De lo contrario, son los ayuntamientos los que tienen las competencias asignadas, tal y como establece la legislación, para tomar la decisión final sobre las polémicas aperturas, por lo que si el Consell no aplica la legislación gubernamental, son los consistorios los que tienen la última palabra, tal y como ha procedido el alcalde de Alfafar, J. Ramón Adsuara.