La próxima investidura del nuevo Presidente de la Generalitat Valenciana y la subsiguiente constitución del nuevo Consell, me hace reflexionar sobre los principales retos que tiene planteados.
Obviamente, el primer reto es el de hacer un reparto equilibrado entre las fuerzas políticas que concurren a formar la mayoría parlamentaria, al propio tiempo que se procura una debida competencia profesional o especializada en la materia a dirigir por los nuevos Altos Cargos. Tan importante es una cosa como la otra, pues tan esencial es que los nuevos dirigentes estén cualificados en lo que van a regir, como el que un equilibrio de fuerzas entre los distintos componentes del Consell, asegure la estabilidad de éste y evite las siempre indeseables crisis de gobierno. Y ello no sólo por la estabilidad de la vida política –y de los ciudadanos- sino también para la importante estabilidad económica y la buena calificación de nuestra deuda.
El segundo reto es la financiación de la Comunidad. Estamos todos de acuerdo en que nuestra Comunidad está infrafinanciada, con el resultado de un elevado endeudamiento para mantener el nivel de prestación de los servicios públicos y las inversiones acometidas (en ocasiones poco rentables y sin retorno económico), incluso para poder amortizar los vencimientos de la deuda arrastrada de anteriores ejercicios. Sólo un reequilibrio de la financiación de la Comunidad, acorde con su población y con sus incrementos estacionales podría evitar una virtual quiebra de las finanzas públicas, incluso sería preciso conseguir un reequilibrio respecto de las situaciones pasadas, buscando la compensación de viejos desequilibrios que han generad (junto una discutible –y discutida- política de inversiones) una deuda insostenible.
El tercer reto es la sanidad. Esta competencia material de la Generalitat fue problemática desde su transferencia del Estado a la Comunidad, tanto por su déficit financiero histórico, como por su gestión.
En cuanto al déficit financiero, lo cierto es que se nos reconoció una población netamente inferior a la realmente existente (pero hay que atender a todos), agravado por un superávit de población estacional -por nuestra condición de destino destacado para el turismo español y extranjero- generadora de gasto sanitario no debidamente compensado. Todo ello no ha impedido tener -con gran esfuerzo económico para los valencianos, un endeudamiento considerable de la Generalitat y unos profesionales de primerísimo orden- una sanidad excelente, con instalaciones, servicios y prestaciones renombrados en toda Europa.
En cuanto a la gestión, hemos pasado por diversas fórmulas. Así de ser una gestión pública sanitaria heredera del INSALUD –el primer SERVASA-, a la gestión directa por la Conselleria de Sanidad, a una fórmula de Agencia institucional –la actual Agencia Valenciana de Salud-, mezclando al tiempo la prestación por la propia Administración o su Servicio o Agencia, con un sistema de colaboración público privada. Y esto último se ha hecho de manera puntual, para reducir las listas de espera o para un servicio muy especializado, mediante conciertos con centros privados, lo cual no es conflictivo. Pero también mediante unos contratos de gestión indirecta de completas Áreas de Salud (Alzira, Denia, Manises, etcétera), siendo pioneros en esta modelo para toda España (planteándose su imitación en otras Comunidades).
El reto en la sanidad es –por tanto- doble: el financiero y el de gestión. En lo financiero hay que decidir –sin renunciar, por supuesto, a obtener más financiación estatal, incluso retroactiva- si se mantienen los niveles de prestación, la carta de servicios y la gratuidad y universalidad, o si se recortan servicios, se limita la población asistida, se estratifica la población protegida por niveles de asistencia y se establece en mayor o menos medida el copago. El reto en la gestión es si se va a mantener el sistema de colaboración público privada –en esta legislatura hay que decidir si se prorrogan los contratos-, si se va a ampliar en determinados ámbitos, o si se va a optar por la gestión directa en todo caso. En ambos supuestos, algo muy complicado y con implicaciones no sólo técnicas, sino también ideológicas, punto en el que se pondrá a prueba la cohesión de la coalición de gobierno, pues puede haber posiciones contrapuestas por posiciones de principios programáticos.
Muy parecido es lo que sucede con la educación. En esta materia puede haber tensiones en cuanto al enfoque de la coexistencia y financiación pública de las enseñanzas pública y privada. La libertad de creación de centros y de ideario de estos, está constitucionalmente consagrada en el artículo 27 de la Constitución.
Pero a la hora de financiar los centros privados para garantizar el derecho de los padres a la libre elección de centro, dentro del esquema del derecho de estos a la gratuidad en ciertos niveles –lo que implica ayudas públicas a centros privados, también dentro de los principios del artículo 27 de la Constitución- surgen problemas entre los partidos, pues –aun cuando todos los partidos coaligados para obtener mayoría parlamentaria, parten de la primacía de lo público y la subsidiariedad de los privado, lo cierto es que hay una gradación en su planteamiento en este punto y una neta influencia de las perspectivas electorales de cada partido en ese sentido, según su “público” objetivo”.
Además hay en la educación otras cuestiones problemáticas, como la inversión en infraestructuras educativas, y la muy problemática cuestión del idioma en la enseñanza: qué nivel de intensidad debe tener la enseñanza en valenciano y en castellano –cuestión hasta ahora no problemática en nuestra Comunidad, pero sí en Cataluña y que puede plantearse o llegar a plantearse. Y, cómo no, el grave problema se qué valenciano se va a enseñar y se va a exigir al profesorado y en las pruebas de cualificación lingüística.
Esto nos introduce en otro de los retos del nuevo Consell: las señas de identidad.
Qué variedad del valenciano va a ser adoptado como oficial por la Generalitat no es una cuestión baladí. En los últimos años, parece que había llegado una cierta paz en esta materia y la batalla estaba conclusa, pero las polémicas entre una y otra Academia en los últimos meses demostraron que las espadas se podían poner en alto en cualquier momento –aunque con menor vehemencia que hace treinta o treinta y cinco años- y lo mismo ocurre con otras señas de identidad (banderas, himnos, fiestas y semejantes). Parece que –a pesar de las evidentes distintas sensibilidades en la coalición de gobierno- hay un cierto consenso loable en no avivar fuegos que estaban prácticamente extinguidos y esperemos el nuevo gobierno tenga la suficiente habilidad para evitar que se reaviven sin renunciar por ello a sus principios, tan sólo con un ejercicio de prudencia y diálogo.
¡Bastante tenemos con intentar sacar adelante los problemas materiales de los valencianos, crear empleo e incrementar nuestra financiación!.
Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo.