Se trata de intereses económicos entre partes, que nunca tuvieron que existir y que, de existir, deben liquidarse con urgencia. Me refiero a ese tipo de contubernio que se forma en la mezcolanza interesada entre el sector público y el sector privado.
Si cada uno tiene las miras que le son propias, el sector privado perseguirá su beneficio máximo, mientras que el sector público, debe perseguir el bien común, es decir el bien de todos y de cada uno de los individuos, lo que resulta imposible si debe atender solícito las aspiraciones de un sujeto o de un grupo de sujetos que, vendrá necesariamente en detrimento del bien de la comunidad.
La noticia de que el Estado ha avalado en ciento cincuenta millones de euros la obra que Sacyr-Vallehermoso está llevando a cabo en Panamá, para ampliación del canal, ha producido en gran consternación. No alcanzo a comprender por qué razón el Estado deba de asumir riesgos en un negocio privado. Quizá, el hecho de recoger los beneficios en imagen pública de una obra, para cuya realización ha sido seleccionada una empresa española, pueda haber sido el motivo para la participación del Estado en los riesgos de su realización.
Digo yo, sin embargo, que tales beneficios y la imagen pública que los produce, no son propiamente del Estado sino del Gobierno que pretende instrumentarlos a su favor en unas elecciones. Por eso hablaba en el título de negocios a liquidar, porque lo que está sobre el tapete es un negocio privado –el legítimo beneficio empresarial derivado de la ejecución de una obra– y otro, también privado, aunque revestido de público –la aspiración de unos gobernantes, a una imagen pública que no les corresponde, para asegurar el resultado favorable en unas elecciones– comprometiendo para ello los recursos públicos, mediante un aval del Estado.
Un aval, que si se llega a ejecutarse, será pagado por todos los españoles. Su beneficiario, no es otro que una empresa privada de las que tantas hay en nuestra nación española. Nunca habría estado yo de acuerdo con semejante híbrido de intereses. El sector público debe permanecer en sus funciones, que son las de avalar al sector privado. Y si el sector público permaneciese en lo que le es propio, el sector privado haría lo propio con sus propios fines; desarrollándolos con sentido empresarial, sin subvenciones ni protección pública.
Menos aún, cuando el gobierno avalista en nombre del Estado, otorga la garantía contra los informes del pertinente equipo técnico. Producido el daño, hay que definir responsabilidades y exigir reparación ante la sociedad en su conjunto. Ya está bien de que en este país nunca pase nada, por mucho que pase.