La razón es más que evidente. Ya ha estado en manos de los Tribunales de Justicia, y es a éstos a quienes corresponde juzgar la culpabilidad o no de cualquier presunto delincuente, y su participación en el delito. Lo que sí merece alguna consideración, es al bochornoso espectáculo del Parlamento Catalán en la comparecencia del señor Rato ante su Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro.
Por ello, parece justo que, ya que el Parlamento Catalán no considera suficiente la intervención del poder judicial a la hora de juzgar, son los españoles los que deben de poder juzgar a la cámara legislativa catalana y sus miembros, por sus actuaciones en dicha Comisión.
Ante todo, resulta inadmisible que, cuando los jueces hayan estado o estén juzgando la comisión de un delito, venga una Comisión de un órgano legislativo a establecer su juicio paralelo que, dado que nada juicioso puede esperarse, su teatro se limitará a lo que realmente ha sido: el linchamiento de personas y de instituciones. Quienes prohíben los toros, consideran admisible el encarnizado ensañamiento en personas, sin instrumentos de defensa ante la irracionalidad, el insulto y el acoso colectivo.
La inacción de la Presidenta de la mesa, dejando simple constancia de que se le había agotado el tiempo al portavoz del Grupo Mixto, David Fernández (CUP), la actitud de éste, sus ademanes amenazantes y sus insultos verbales, unidos a los de los portavoces de ERC y de ICV, además de con la connivencia del resto silente de representantes del pueblo en la Comisión de Investigación aludida, nos lleva a concluir que algo muy grave está ocurriendo en nuestro país.
Cuando un poder legislativo, representante de la soberanía popular, en este caso de Cataluña, puede ser el escenario en el que se protagonice semejante infamia para la función que teóricamente ostenta, hay que disolverlo con urgencia, por simple reconocimiento a la dignidad de los representados. Es cierto que el marxismo y el populismo nos tienen acostumbrados a ello, pero desde Khrushchev en la ONU, quitarse el calzado ante los asistentes, como gesto de ostentosa amenaza, no ha sido el gesto habitual de un parlamentario.
Todo esto, además, desarrollado en una Cataluña, en la que la corrupción y el delito económico en entidades financieras y fuera de ellas, también con afección a sus gobiernos, tristemente, no son una excepción.