La opinión pública cree que los políticos de ahora son más corruptos que los de antaño y que los españoles lo son más que sus homólogos extranjeros. Y no es verdad.
Sí vivimos hoy día una época de denuncias masivas y generalizadas de conductas incorrectas que alcanzan a todo quisque, lo que supone en sí mismo una exposición y una transparencia que antes no había.
Y no hay que remontarse para ello a grandes escándalos como el del estraperlo, que hizo caer al Gobierno de Lerroux, en la República, o al protagonizado por la empresa Matesa, en tiempos de Franco.
Sin ir tan lejos, durante la Transición ocurrió la financiación ilegal del PSOE mediante Filesa, el caso PSV de las viviendas cooperativas de UGT, la compra de material del AVE, etcétera, etcétera.
Aquéllos eran tiempos en los que el dinero corría bajo mano, las comisiones en las obras públicas eran vox populi y España resultaba “el país donde es más fácil hacerse rico”, según el ministro de entonces Carlos Solchaga.
Lo que pasaba, claro, es que semejantes sucesos delictivos constituían solamente la punta de un iceberg cuyas siete octavas partes estaban sumergidas en la ignorancia, la simulación y el engaño.
Tampoco vayamos a creernos que nuestros chorizos lo son más que sus homónimos de fuera. Durante la etapa de François Mitterrand en Francia, por ejemplo, se sobornó hasta a los principales ministros y algunos, como Roland Dumas, fueron condenados a prisión.
Nada de esto debe restar un ápice de responsabilidad a los corruptos patrios, por supuesto. Pero, al menos, deberíamos pensar que tanta publicidad sobre sus actuales fechorías es el inicio de una limpieza de nuestra vida pública tan importante como necesaria.