La reunión, ayer, de una parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, es probable que haya hecho recapacitar a muchos sobre un hecho que ha pasado desaparcibido a causa del terrible accidente de Compostela: el Consejo de Ministros ha aprobado enviar a las Cortes el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la esperada y temida Reforma de la Administración Local.
“Una administración, una competencia”. Al decir del ministro Cristçobal Montoro, ese es el lema que resume el concepto principal de la nueva ley: la administración es una, aunque se ejerce en distintos estamentos o esferas; y las competencias son una sola y no se superponen, de modo que lo que dispensa una administración ya no es dispensado por la de al lado, con el fin de evitar repeticiones y gastos supérfluos.
Cristóbal Montoro, con ese principio en la mano, ya ha calculado que va a ahorrar 8.000 millones de euros entre los años 2.013 y 2.015, cálculo realmente optimista dado que no es muy probable que la Ley entre en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas del año 2015. Pero eso no impide que Montoro, al presentar su ley, la haya calificado como “municipalista” porque pretende “situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen y que históricamente no se les ha dado”.
Lo que sí persigue el ministro, a través de la ley, aunque habrá autonomías que se le rebelen, es establecer una relación entre Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos, donde quede claramente establecido quién hace cada cosa. No se necesitan duplicidades, insistía Montoro al presentar la ley el viernes último, cuando toda España estaba mirano hacia la curva de A Grandeira. Racionalizar la oferta de los servicios que se ofrecen al ciudadano y de paso lograr la mayor eficiencia y el menor coste de ese servicio es otro de los grandes objetivos de la nueva ley, que como puede verse, habla desde su enunciado tanto de racionalización como de sostenibilidad de los servicios públicos. Para que nadie gaste, en punto alguno de la muy tupida red administrativa, lo que no tiene.
Aunque los detalles están por desgranar, la primera consecuencia observable en la nueva ley es que aquellos rumores, comentarios y opiniones sobre la presumible desaparición de las diputaciones han quedado convertidos en “papel mojado”. Por el contrario, las diputaciones salen reforzadas y, aunque su representación política es indirecta, probablemente van a ganar en competencias aunque podrían perder énfasis político para ser más técnicas y ejecutivas. Es decir, que incluso no habría que descartar la aparición de la figura de un supergerente de servicios municipales de la provincia.
¿Y eso por qué? Pues en principio –y esas son las reticencias que tanto el PSOE como Izquierda Unida han empezado a expresar en la reunión de la FEMP– porque todo ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, y son muchísimos en España, va a perder vuelo, competencias y poder en beneficio de la administración “más preparada”, que será sin duda la Diputación.
Es lo que la ley fomentar: que los pequeños municipios dejen en manos de la hermana Diputación la recogida de basuras y el servicio de aguas, la limpieza de calles o la pavimentación… y en realidad todo aquello que esta pueda asimilar “en mejores condiciones y a costes efectivos más bajos”. Se aleja, pues, el “mantenimiento” desde el Ayuntamiento de un empleo más o menos ficticio en las pequeñas empresas locales de construcción o servicios, una práctica de neto carácter electoralista.
Todo eso, sin contar los puentes de plata que la nueva norma dispondrá para favorecer las fusiones y absorciones municipales. Y a través de una rebaja sustancial de las percepciones de los cargos políticos que, en lo salarial, quedarán asimilados a los niveles semejantes de los funcionarios.
No es de extrañar que en el PSOE se haya producido ya un rechazo que dentro del PP se va a registrar tambien, aunque no se exprese. El secretario de Política Municipal del PSPV-PSOE en Alicante, Paco Torres, decía hace apenas unas horas que la reforma local “despoja de competencias al 81 % de los municipios alicantinos”. El temor de Torres de que se aleje de cada pueblo la toma de decisiones, el temor de que se privaticen muchos servicios no va desencaminado.
Más notable, sin embargo, será el proceso de eliminación de las llamadas “competencias impropias” que puede dejar en el aire no ya ámbitos como la cultura y la educación –llamadas a aplicar el modelo de administración única– sino otros mucho más sensibles como la asistencia social, la juventud y la tercera edad, prestada hasta el momento de un modo directo por los ayuntamientos, incluso los más pequeños.