Unos eligen las playas; otros, el campo. Muchos deciden conocer el extranjero y, los menos, se quedan en casa. Sin embargo, cuando uno pierde la capacidad de elegir y es otro el que decide por él, el lugar elegido para disfrutar las vacaciones estivales no es con toda seguridad el que uno querría. Así, un nuevo destino se ha puesto de moda entre varios políticos de nuestro país (o debiera decir mercenarios de la política) a la hora de pasar el verano: las cárceles españolas.
Este mismo lunes ingresaba en la prisión de Segovia el ex Presidente del Govern Balear y ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, para cumplir con la condena de nueve meses en el marco del primer juicio del caso Palma Arena, el denominado “caso Alemany” (por el tráfico de influencias a raíz de los pagos irregulares con fondos públicos al periodista que redactaba sus discursos), tras rechazar la Audiencia Provincial de Palma los dos escritos presentados por Matas, en los que solicitaba no ingresar en prisión. No parece que vaya a ser el último. El ex alcalde de Torrevieja (Alicante) y ex diputado autonómico del PP Pedro Hernández Mateo, deberá ingresar en prisión antes del 31 de julio, tal y como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para cumplir con la pena detres años de prisión por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras, tras denegarle el Gobierno el indulto solicitado. En breve se les unirá el ex Presidente de la Diputación de Castellón y del PP de dicha provincia, Carlos Fabra, tras confirmar el Tribunal Supremo la pena de cuatro años de prisión por delitos fiscales, lo que supondrá su ingreso en prisión, incluso en el caso de que solicitase el indulto, salvo que, a la vista del recurso al Constitucional que ya ha anunciado contra la sentencia, el Alto Tribunal decida suspender el ingreso hasta que el mismo se resuelva, lo que parece poco probable.
Por otra parte, las autoridades (las que queden sin condenar) tendrán que hacer más hueco en los establecimientos penitenciarios, pues parece que en breve se formarán colas a las puertas. Desde la Cosa Nostra catalana, dirigida por la Famiglia Pujol, tras el cerco de la Policía y la Agencia Tributaria y las declaraciones del Padrino, Jordi Pujol Sr., pasando por los doscientos imputados del “caso ERE” en Andalucía, y continuando con la quinta pieza del “caso Gürtel”, cuya instrucción ha concluido el juez José Ceres, y en la que constan procesados veintiún ex altos cargos del Gobierno de Francisco Camps, en la que se ha puesto al descubierto el funcionamiento anormal de la “caja fija”, instrumento administrativo para realizar pagos diarios de pequeña cuantía para gastos de mero funcionamiento, y que en ocasiones, era utilizada para burlar los necesarios concursos públicos para la adjudicación de contratos con la administración. Eso sí, algunas veces, lo hacían con mucho arte: de las investigaciones realizadas se desprende que la Generalitat pagaba con regularidad a Rosita Amores por sus espectáculos en residencias de la tercera edad.
El último en unirse a la lista de posibles candidatos a engordar los centros penitenciarios es Juan Cotino, Presidente de las Cortes Valencianas y ex conseller de Francisco Camps, de quien la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEV) destaca, en un elaborado informe de 167 páginas, el papel relevante de éste para que la trama dirigida por Francisco Correa se llevara el contrato de la instalación de pantallas y equipos de sonidos de la visita del Papa a Valencia en 2006, valorado en siete millones y medio millones de euros y que, en realidad, costó poco más de tres.
Como ven, miles de millones de euros de todos, gastados por unos pocos para otros pocos. Ahora ha llegado el momento de que todos, con nuestros impuestos, garanticemos la estancia en prisión de estos personajes.
Vicente Boluda
@VBoluda