Hace unas semanas recibíamos la confirmación, a través del informe de expertos encargado por el Ministerio de Hacienda, denominado Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (para que nos entendamos, el documento sobre las balanzas fiscales), de lo que ya era un secreto a voces: la Comunidad Valenciana es la peor tratada del actual sistema de financiación del Estado, con una diferencia respecto de la media de más de 4.120 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada valenciano dispone de 808 euros menos que la media española.
Tras los continuos e infructuosos llamamientos (quizá por su tibieza) a la mejora de nuestro sistema de financiación por parte de la Generalitat Valenciana y su Presidente, Alberto Fabra, los empresarios valencianos, hartos de la situación y el menosprecio del Sinistro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidieron saltarse al Consell y solicitaron directamente al ejecutivo de Mariano Rajoy una mejora de las inversiones en la Comunitat Valenciana. Valiente decisión la de los empresarios, a los que únicamente habría que reprochar la tardanza en plantearla, que no ha hecho ninguna gracia en el seno del Consell, cuya portavoz, Sor Isabel de Bonig, reprochó al empresariado, cual niña pequeña, el hecho de que se quejen ahora con Rajoy y no cuando José Luis Rodríguez Zapatero recortaba las inversiones en tierras valencianas. No obstante, la lamentable salida de tono de quien es también Consellera de Infraestructuras y Secretaria General del PPCV, era bastante previsible. Por un lado, porque la solicitud efectuada por el empresariado valenciano deja en una situación de inmovilismo al Consell, que da la imagen (fiel, he de decir) de no estar haciendo todo lo que se puede en la justa reclamación de nuestros intereses; por otra parte, como consecuencia de las informaciones que apuntan a la creación de un nuevo partido valencianista o la refundación del PPCV desde el mundo empresarial valenciano.
Sobre la tensión en las relaciones Bonig-empresarios valencianos se pronunció el Presidente Alberto Fabra, quien decidió lavarse las manos para evitar enfrentamientos con los implicados: “todo el mundo tiene razón” llegó a afirmar. Sin embargo, la ponciopilatada no parece que vaya a convencer al empresariado valenciano, que achaca a Fabra el querer quedar bien con todos (especialmente con Rajoy), máxime tras el nuevo portazo dado por el Gobierno a la Comunidad Valenciana al afirmar que no habrá cambio del modelo de financiación en toda la legislatura. “Ahora no tiene mucho sentido” llegó a decir Rajoy. Me pregunto: ¿cuándo coño lo tendrá?
Por un lado, como ha indicado en numerosas ocasiones el Conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, sin la llegada de fondos extra será imposible cumplir con el déficit acordado. Por otro lado, no parece justo que mientras los valencianos nos apretamos el cinturón, otros vayan sobrados. Como señala De la Fuente, autor del informe sobre las balanzas fiscales, País Vasco y Navarra alcanzan los 3.765 euros por habitante, mientras que la media del resto son 2.077 euros. Pese a la amplísima diferencia de trato entre las Comunidades Autónomas y sus brutales consecuencias para los valencianos, no parece, sin embargo, que el Consell vaya a tomar medida alguna más allá de nimias comparecencias que no sirven para nada. De hecho, preguntada Sor Isabel por la relación con Madrid, respondió que “todos forman parte del PP” y que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «siempre es bienvenido a la Comunitat”. Por mí que se vaya a fer la mà.
Seguimos, en definitiva, siendo víctimas de un inexistente autogobierno y de unos hilos que son dirigidos desde Madrid. ¿De qué nos sirve pues tener a un mismo partido en el gobierno de España y en el de la Comunidad Valenciana? La respuesta, visto lo visto, es sencilla: para nada. Es imperante que la sociedad valenciana, empezando por los empresarios, comience a creer en sí misma y despierte a ese gigante dormido que es el valencianismo político.