Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad de Alicante, declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el llamado Plan Rabasa el próximo 27 de noviembre a las 10.00 horas, según ha confirmado este miércoles el TSJCV. El magistrado del Juzgado número 6 de Alicante también imputa a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento de Alicante y dos del Ministerio de Fomento, por favorecer, presuntamente, al empresario y constructor Enrique Ortiz. Además, el juez ha preguntado al fiscal si procede la declaración como imputados del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de la secretaria autonómica de territorio.
La alcaldesa de Alicante ha sido imputada tras tener conocimiento el juez del informe policial realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Es el segundo encausamiento de Castedo, que también está imputada por presuntos amaños en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar a Enrique Ortiz.
El proceso arrancó tras la denuncia de la formación Esquerra Unida ante la sospecha de que en el desarrollo del plan Rabasa había indicios de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. El amplio informe policial, según apuntan varias fuentes, no deja lugar a dudas en cuanto a la relación entre los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y Ortiz y en él se incluyen parte de las escuchas del ‘caso Brugal’, trama relacionada con la adjudicación de las contratas de la basura en algunos municipios de la Vega Baja.
EU defendió en su denuncia la existencia de una actividad delictiva para favorecer los intereses del empresario en la aprobación del Plan Rabasa y en la llegada a esos terrenos de la empresa sueca Ikea, algo que los informes policiales se han encargado de confirmar.
