La portavoz del Consell, María José Catalá, ha anunciado este viernes que la Generalitat presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que le obliga a entregar a Compromís las facturas de gastos pagados con la caja fija del Gobierno valenciano desde al año 2006, ya que ha destacado que para ello se requerirían miles de horas de trabajo de funcionarios para escanear y fotocopiar los tres millones de documentos.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por si recurrirán esta sentencia, en la que el TSJCV considera que no hay «dificultad» para entregar las facturas solicitadas por la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, dado que «constan registradas en los sistemas informáticos» del Consell.
Català ha explicado que recurrirán «principalmente porque tenemos el apoyo del Ministerio Fiscal», que en su informe consideraba que «no se ha producido una vulneración de derechos fundamentales». Otro de los motivos, ha añadido, es que «supondría destinar cuatro funcionarios de la Generalitat a tiempo completo durante todo un año» para «escanear, fotocopiar y entregar los tres millones de facturas».
Según la consellera, «no habría problema en remitir el registro electrónico», pero la solicitud de Oltra era de entregar todos los documentos desde 2006. Así, ha subrayado que cumplir lo que pide la diputada de Compromís «alteraría el ritmo normal de la Generalitat». Por lo tanto, «no es una cuestión de voluntad», ha sentenciado.
Preguntada por si la Generalitat no tendría inconveniente a que Oltra acudiera a las distintas consellerias para ver las facturas, si así lo pidiera, Català ha asegurado que «nunca» han tenido «ningún problema» a que los diputados acudan a consultar los documentos que les interesan.
Asimismo, la portavoz ha explicado que «el mismo grupo y la misma diputada» están pidiendo los gastos de caja fija de las distintas consellerias mes a mes «y se le está haciendo entrega». En concreto, ha asegurado que algunos departamentos, como el de Presidencia y el de Infraestructuras, ya le han remitido facturas requeridas de este legislatura.
Inquirida por si los gastos pagados con la caja fija de la Generalitat son ajustados a derecho, María José Català ha respondido afirmativamente. «Todas esas facturas han pasado los filtros correspondientes de todas las consellerias y son gastos, por supuesto, ajustados a derecho, porque para que se puedan pagar los técnicos tiene que avalar que se han hecho de forma correcta».
GENERALITAT NO SE PERSONARÁ EN PIEZA 5 DEL CASO ‘GÜRTEL’
Por otro lado, Catalá también ha hecho público que la Generalitat ha decidido no personarse en la pieza 5 del ‘caso Gürtel’, que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ya que entiende que «no se ha producido ningún quebranto a la administración pública valenciana».
No obstante, la portavoz ha matizado.» Pero eso no supone que renunciemos a las acciones que se puedan desarrollar a raíz de ese proceso judicial».
Así ha indicado que «si se produjera una sentencia que estimara responsabilidades, el hecho de no personarse en este momento no supondría renuncia a plantear las responsabilidades que el Gobierno valenciano estime pertinentes».
EL CASO DEL «TOPO» SE HA TRASLADADO A LA FISCALÍA
María José Català, ha abordado un nuevo tema al respecto de los tribunales y el Consell. La portavoz se ha mostrado convencida de que el ejecutivo «ha tomado las decisiones que debía tomar» en el asunto relativo al interrogatorio a un asesor del vicepresidente para buscar al conocido como ‘topo’ de Presidencia. «Ahora habrá que ver cómo se desarrollan los hechos en el ámbito judicial», ya que el tema se ha trasladado a Fiscalía, ha recordado.
De esta manera ha valorado las conclusiones de la investigación por el interrogatorio al jefe de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, por parte del jefe de escoltas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para tratar de encontrar el origen de las filtraciones de documentos de Presidencia.
A su juicio, «es un asunto lo bastante serio como para respetar la tramitación que vaya a realizar Fiscalía, a la que se le han trasladado los documentos de la investigación realizada».
«Nos comprometimos a hacer una investigación y a trasladar sus conclusiones. Además, se han realizado actuaciones en materia disciplinaria para depurar posibles responsabilidades al agente», ha finalizado Catalá.