«El Ayuntamiento de Valencia deberá aplicar una edificabilidad tres veces mayor en el pago de las expropiaciones pendientes del PEPRI del Cabanyal de lo que estaba pagando», en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo que considera erróneos sus cálculos. Así lo manifestó este jueves el portavoz del grupo de Esquerra Unida en el Ayuntmiento de Valencia, Amadeu Sanchis, en rueda de prensa, acompañado por el abogado José Luis Ramos.
De esta forma, el presupuesto pendiente para esas expropiaciones -más de 60 % de la superficie total a expropiar-, que asciende a más de 53 millones de euros, superaría los 804 millones, según Sanchis.
Sanchis y Ramos Sanchis dieron a conocer en rueda de prensa una sentencia de la Sala Tercera del TS que desestima un recurso contencioso-administrativo del Ayuntamiento contra el artículo 21 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo sobre la fórmula aritmética para determinar la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.
«La sentencia dice que la forma de expropiar no es correcta», afirmó Sanchis. Este fallo, dijo, hace «inviable la política de expropiaciones municipal y, especialmente la del PEPRI del Cabanyal» y tiene «consecuencias directas a la hora de hacer cálculos de las expropiaciones».
«En todo lo que queda por expropiar del PEPRI, la edificabilidad se debe multiplicar por tres en vez de por 1,26 metros cuadrados que se estaban pagando», apostilló.
Ramos, por su parte, explicó que desde que el Ayuntamiento creó las áreas urbanísticas homogéneas en 2006, los cálculos para expropiar los hacía dividiendo la edificabilidad entre la superficie total, entre la que se incluía las zona verdes y dotacionales.
Sin embargo, incidió en que el fallo del TS recuerda que el cálculo de ese coeficiente tiene que hacerse dividiendo entre la superficie edificable, lo que supone eliminar las zonas públicas.
Para Ramos esta sentencia supone un «revés» para el Consistorio, y considera que hizo «trampa» en sus cálculos para «ahorrarse» dinero en el pago de las expropiaciones, lo que ha su juicio ha llevado al tribunal a imponerle las costas por un importe de 10.000 euros.
Explicó asimismo que en el caso del Cabanyal la superficie delimitada incluye unas veinte unidades con «grandes avenidas, Serrería y paseo Marítimo» y si dividen la edificabilidad por «toda esa superficie», el coeficiente de edificabilidad sale a 1,26 metros cuadrados.
Sin embargo, el Reglamento de 2011, que desarrollaba la aplicación de la Ley del Suelo, decía en su artículo 21 que en suelo urbano «se paga la edificabilidad media excluyendo en reparto las superficies públicas edificables», lo que aumenta ese cálculo, y que por ello el Ayuntamiento lo recurrió.
El edil de EU advirtió de que «la sentencia es global», por lo que afecta todas las expropiaciones para equipamiento dotacional y zonas verdes que quedan por realizar en la ciudad, unos 430 solares de 1,7 millones de metros cuadrados. «Las expropiaciones serían desorbitadas», alertó.
Por ello, apuntó que estudian iniciativas políticas para que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989 y se debata sobre fórmulas para «compensar» a los propietarios de terrenos a expropiar con «permutas, convenios o acuerdos», de forma que las arcas municipales no se vean tan afectadas.
Por su parte, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en respuesta a estas afirmaciones, negó que la sentencia «afecte en absoluto» al plan urbanístico del barrio. Sin embargo, dijo, «afectará a los planes urbanísticos en el futuro».
Para Grau «lo que afirma EU no es más que una interpretación interesada y sesgada, porque sabe perfectamente que no es de aplicación en El Cabanyal. El propósito es inducir a la gente al error y poner más trabas en el desarrollo del Plan urbanístico de El Cabanyal, un plan con el que ellos políticamente están en contra, pero que no tiene nada que ver con la sentencia en cuestión».
«Este no es el caso del PEPRI del Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está incluido en diversas unidades de ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento, y del mismo modo ocurre con todos los planes urbanísticos aprobados», incidió. «Por tanto la sentencia no es ningún varapalo judicial ni urbanístico para este Ayuntamiento, porque la Ley del Suelo afecta por igual a todos los municipios de España».