El portavoz del Consell, José Ciscar, defendió este viernes que los gastos generados por el cierre de Radiotelevisión Valenciana compensan respecto al mantenimiento del ente público. En concreto, cifró en 23 millones de euros lo que han costado hasta ahora los «permisos retribuidos»; es decir, pagar a los empleados sin trabajar. Menos de lo que costaría un año de emisiones, afirmó.
Ciscar confirmó que las indemnizaciones por despido que habrá que pagar a los trabajadores de RTVV costarán en torno a 86 millones de euros. Sin embargo, en su opinión es preferible hacer frente a esos importes que mantener abierta la televisión pública valenciana incluso con el plan de viabilidad propuesto por los sindicatos, para, insistió, evitar mayores recortes en los servicios públicos garantizados por la Generalitat.
El vicepresidente del Gobierno valenciano también rechazó que otro tipo de desembolsos derivados del cierre de RTVV, como los pagos por derechos de emisión de eventos deportivos que no se van a retransmitir, o los gastos de mantenimiento de las instalaciones, deban computar como costes del ‘fundido a negro’ porque provienen de la anterior sociedad de Radiotelevisión Valenciana. Sin embargo, son pagos que, de un modo u otro, asume el Consell con dinero público de los valencianos.