El objetivo de estas movilizaciones, según la entidad Acció Cultural del País Valencià, es expresar «la voluntat dels valencians de superar enfrontaments artificials, en favor d’un País Valencià que diu sí a la llengua, la cultura i el progrés, així com a treballar junt amb Catalunya en tots els àmbits en els que compartim necessitats i interessos». Estaba previsto que fuera el cantante Lluís Llach quien abriría la Vía Catalana, este miércoles 11 de septiembre (Dia Nacional de Catalunya) entre los términos de Alcanar (Tarragona) y Vinaròs (Castellón), y quien daría la mano al músico Carles Santos (miembro ausente del Consell Valencià de Cultura), que sería el primer participante de la cadena catalanista en la Comunitat Valenciana.
Ha sido ahora cuando la Subdelegación en Castellón ha prohibido la movilización en Vinaròs, ya que no se puede garantizar la seguridad ciudadana, al suponer un «peligro manifiesto para la integridad física de los manifestantes», según los informes policiales. «El lugar de celebración de la manifestación es una vía convencional de un carril de circulación en cada sentido y arcén practicable de 150 metros, trazado recto, al que sigue una curva señalizada con peligro y restricción de velocidad a 70 km/h, próximo a un tramo concentrado de accidentes», explica la resolución de la subdelegación del Gobierno en Castellón recogida por diferentes medios de comunicación, que asegura que la duración de la concentración generaría «retenciones que producirían el colapso de la N-340».
La Plataforma Valencianista PLV había respondido a este acto de la Via Catalana con una concentración este miércoles a las seis de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Vinaròs. Un acto que la Subdelegación del Gobierno en Castellón ha considerado como no comunicado en plazo, dado que se informó el viernes y se incumple la normativa, ya que no hay causa «extraordinaria y grave» que lo justifique.
En relación a estos actos independentistas, el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ya manifestaba que el proyecto de su formación «se llama Comunitat Valenciana, que forma parte de España, y fuera de eso, no participamos de ningún tipo de entelequia«. Castellano sostenía que se trata de «un proyecto en el que no creemos, y del que ni somos ni queremos formar parte».
Según un comunicado del PPCV, Castellano subrayaba que el PPCV cree «en la Constitución y en el Estado de autonomías; respetamos cualquier iniciativa de otra comunidad pero no vamos a permitir injerencias» porque «imponer no es participar y por eso rechazamos de forma contundente que se nos pueda decir desde fuera lo que somos o tenemos que ser». «Los valencianos no nos vamos a dejar engañar ni utilizar para fines partidistas ni entelequias que nada tienen que ver con nuestra cultura, historia, personalidad e idiosincrasia como pueblo, de la que estamos orgullosos», garantizaba Castellano, quien ha rechazado proyectos «absolutamente descabellados que sólo apoyan el secesionismo y el independentismo».
Este mismo lunes, el diputado de Esquerra Unida (EU), Ricardo Sixto, ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique la decisión de la subdelegación del Gobierno en Castellón de prohibir la cadena humana
Del mismo modo, la Subdelegación del Gobierno en Alicante ha dispuesto que «no podrá» realizarse este martes una «cadena humana» en defensa de «la lengua valenciana y la libertad», convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en Guardamar, al entender que se ha «incumplido» el plazo legal para comunicar su celebración. El subdelegado del Gobierno en Alicante en funciones, Juan Antonio Gómez Rodríguez, ha tomado esa decisión en una resolución contra la que cabe interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 48 horas desde su notificación.
Un representante del Casal Jaume I de Crevillent-Acció Cultural del País Valencià comunicó el pasado viernes por fax a la Subdelegación del Gobierno la intención de ACPV de llevar a cabo una «cadena humana valenciana per la llengua y a llibertat» el 10 de septiembre, entre las 17.00 y las 17.45 horas, en la plaza Jaume II de la citada población. En la comunicación se exponía que el motivo de ese acto es «la reivindicación del valenciano, lengua común y compartida con Cataluña y las Islas Baleares, como lengua vehicular en todos los ámbitos de la administración pública», además de «expresar de manera pacífica y alegre la necesidad de profundizar en el autogobierno de los valencianos».
El acto consistiría en una «cadena humana» y una concentración en la Plaza Jaume II, en el «monumento por la unidad de la lengua», según los convocantes. La «cadena humana», según la comunicación remitida a la Subdelegación del Gobierno, cortaría «el tránsito de vehículos» en las vías adyacentes a esa plaza. En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, la Subdelegación del Gobierno en Alicante dispone que «se considera no comunicada» y que, «por tanto, no podrá celebrarse la concentración», al estimar que «el plazo previsto en la legislación» para comunicar su solicitud «ha sido notoriamente incumplido».