Sólo los votos del PP han servido para que el pleno de las Corts Valencianes haya aprobado la Ley de Hacienda Pública y de Subvenciones de la Generalitat y de su Sector Público Instrumental. Según el parlamentario del PP Rubén Ibáñez, esta norma «hace que las tripas de la administración sean absolutamente transparentes».
Esta norma, que presentó en diciembre desde la tribuna de oradores el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, regula la actividad económico-financiera de la administración autonómica y permite adaptar la normativa valenciana a los principios de estabilidad presupuestaria contemplados en la normativa estatal.
Entre sus principales novedades destaca el requerimiento de informe previo de la Abogacía y de la Intervención General para todos aquellos acuerdos del Consell que conlleven obligaciones económicas y de carácter plurianual. Además, se requerirá autorización expresa para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones de ejercicios anteriores, previo informe de la Intervención.
En la sesión se ha aprobado una decena de enmiendas transaccionadas por los cuatro grupos, entre ellas una que tiene su origen en un texto del PSPV y que, según el PP, implica «expresamente que va a existir una fiscalización reforzada respecto a la caja fija». Igualmente, se ha acordado incorporar a las bases de las subvenciones la «exigencia de un compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial» y también que la contratación de empresas privadas de auditoría «precise informe de la Intervención General en el que se especifique la insuficiencia de medios disponibles que justifique esa contratación».
Entre otras cuestiones, se deberá dar cuenta a las Corts de los acuerdos de no disponibilidad de créditos aprobados por el Consell que superen el 20 por ciento del total del presupuesto consolidado, así como publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) tanto las modificaciones en los presupuestos de explotación y capital de entidades del sector público empresarial y fundacional como los acuerdos de modificación de porcentajes y los de incremento del número de anualidades de compromisos de gastos.
Ibáñez ha defendido que «es una ley que aporta muchísimo a la mejora de la transparencia» y ha achacado el voto en contra de la oposición, pese a la aceptación de enmiendas y la presentación de diez transaccionadas, a la «búsqueda de la puerta de salida por miedo a decir sí a esta ley», que «optimiza cada euro gestionado por la Generalitat y las empresas públicas», al tiempo que «mejora el control, da garantía de transparencia, de confianza y aporta seguridad a todos los funcionarios en cuanto a los procedimientos».