En un comunicado, este sindicato criticaba que la «nefasta gestión de la Conselleria de Sanidad ha provocado el cierre, en menos de un año, de la mitad de los centros de atención a drogodependencias como consecuencia de las condiciones de la macrolicitación realizada por la Conselleria a finales de 2011 para la contratación de plazas en estos centros».
«La Conselleria definió unos lotes inalcanzables para la mayoría de las ONG, lo que dejó fuera a todas las entidades pequeñas surgidas históricamente de la iniciativa social, al serles imposible económicamente disponer de tanto dinero», añadían las mismas fuentes.
El resultado, según UGT, «ha sido que en el año 2012 han cerrado 16 centros (entre viviendas, centros de día y comunidades terapéuticas), se ha despedido a la tercera parte de la plantilla (más de 80 trabajadores despedidos) y la Conselleria de Sanidad ha reducido en un tercio el número de plazas públicas disponibles para la atención a las personas con trastornos adictivos«.
El número de plazas públicas en Centros de Día ha bajado de 1200 a 700, y en Viviendas de Tratamiento y de Inserción se ha recortado de 100 a 22 plazas, según recogía el comunicado.
Como consecuencia de la pérdida de plazas públicas las listas de espera han aumentado y el tiempo de espera para ingresar en una comunidad terapéutica ahora es de 3 a 5 meses, cuando en 2010 era de 30 a 45 días, y el ingreso en un centro de día se retrasa entre uno y dos meses, más del doble que en 2010, según UGT.
Estos recortes, añaden, se producen en un momento en que los efectos de la crisis y de la elevada tasa de paro han aumentado las demandas de tratamiento por abuso de alcohol.
Para la FSP-UGT, «se evidencia que las políticas del PP buscan que las administraciones públicas se desentiendan de los problemas de los ciudadanos en dificultades, atacando los servicios públicos que definen el Estado de Bienestar y haciendo que España sea cada vez menos un Estado Social».