El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este lunes, 29 de diciembre, que el Gobierno planteará en su reforma del Código Penal que se reduzcan las penas de privación de libertad derivadas de posibles coacciones por parte de empresarios o sindicatos en el ejercicio del derecho a huelga.
En concreto, Catalá ha señalado que plantean que el delito de coacciones recogido en el artículo 315 del Código Penal pase a tener una pena máxima de 18 meses o, alternativamente, una pena pecuniaria.
Catalá ha realizado estas manifestaciones tras inaugurar, junto con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la reforma integral de la Audiencia Provincial de Alicante.
Según ha explicado, la reforma del Código Penal que el PP presentará intenta actualizar los tipos penales e incorporar nuevas realidad sociales.En este sentido, ha considerado que «algunos tipos tienen unas penas que están desproporcionadas en comparación con delitos equivalentes», como por ejemplo en el delito de coacciones recogido en el artículo 315 del Código Penal.
En este punto, el ministro de Justicia ha asegurado que el Gobierno ha constatado que «a veces se producen sentencias muy altas», privativas de libertad incluso, que «quizá son un poco desproporcionadas en el momento actual».
Por eso, según ha expuesto, una de las enmiendas que van a presentar en el Congreso de los Diputados va a estar vinculada con la reducción de la pena de ese artículo 315.
«En todo caso será una enmienda que se presenta en el Congreso de los Diputados» y «nosotros lo que queremos es conseguir el mayor consenso posible con los grupos parlamentarios para que la reforma del Código Penal se aprueba cuanto antes».
Cuestionado sobre los plazos, ha valorado la posibilidad de que las enmiendas se puedan votar y aprobar en enero para que siga el trámite del Senado y vuelva al Congreso para ser aprobada en abril.
REVISIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES
De otro lado, Catalá ha destacado su compromiso de revisar el funcionamiento de las tasas judiciales para que no se produzca una limitación en el derecho de acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos. «Si las tasas están provocando alguna limitación al derecho al acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos, no estamos de acuerdo con esa situación», ha dicho.
Por ello, ha explicado que el Gobierno está recabando información con la Agencia Tributaria, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Abogacía del Estado para revisar todas estas cuestiones.