Imputados 3 alcaldes, 11 exalcaldes y un excargo del Consell, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ). Así se especifica en la documentación del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia que lleva investigando presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Entre los imputados se encuentran el alcalde de Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert, del Partido Popular; el de Ador, Joan Faus, de Gent d’Ador; y la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona, del PSPV. También se investiga a los exalcaldes de Godelleta, Cheste, Real de Gandia, San Antonio de Benagéber, Benisanó, Adsubia, Vallada, Canet y Vallada. En este último municipio, figura como imputado el exalcalde y expresidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner.
Sin embargo, la lista no termina aquí. La lista continúa con los nombres de un exconcejal de Alcoi; el ex director general de Cambio Climático de la Generalitat, Jorge Lamparero; un abogado de la empresa General Valenciana del Agua S.A. (Egevasa); el ex secretario municipal del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho; el exinterventor del Consorcio de Museos, Rafael José Parra; y socios fundadores de la AVJ, entre otros.
Este procedimiento comenzó a raíz de una denuncia que interpuso el anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a su antecesora Natividad García y a Sancho Sempere, secretario municipal. Esta denuncia terminó con el procesamiento de ambos por presuntas irregularidades en contratos de asesoramientos o de informes jurídicos. Esta investigación se fue extendiendo a más ayuntamientos, como el de Canet. En concreto, en el procedimiento se investigan facturaciones por servicios jurídicos e informes realizados a ayuntamientos por asociaciones sin ánimo de lucro y por sociedades que no tenían ningún trabajador a su nombre entre 2009 y 2011. La ley dice que estas asociaciones no podían distribuir beneficios, pero, según el fiscal, han estado realizando facturaciones a ayuntamientos de la Comunitat.
Durante su declaración, Fernando Giner defendió la legalidad de su actuación. Giner explicó que nunca hubiese firmado una resolución que no fuera legal, y que cuando firmó «siempre» había una firma previa del secretario-interventor, y que fue el equipo de Gobierno el que aprobó este contrato con la empresa de Parra. Respecto a los informes supuestamente realizados por la empresa de Parra, señaló que no los conocía antes de serle exhibidas las facturas de los mismos. También afirmó que desconocía que la empresa de Parra no podía contratar y de haberlo sabido «nunca» hubiera autorizado ningún pago ni contratación. Giner también manifestó que durante sus 24 años al frente de la alcaldía nunca percibió sueldo alguno y cuando fue obligatorio lo donó a Cáritas o al Partido Popular. En cambio, Lamparero se acogió a su derecho a no declarar en fase de instrucción.