El TSJCV, encargado de enjuiciar la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, ha rechazado suspender la vista, tal y como solicitaban las defensas, con lo que las declaraciones de los acusados arrancarán el próximo viernes, día 19, con uno de los considerados presuntos cabecillas de la trama, Cándido Herrero, y con Isabel Jordán, exadministrativa de empresas de Francisco Correa.
Así lo han decidido este viernes los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que conforman el tribunal de esta causa tras escuchar durante dos días las alegaciones de las defensas y las acusaciones -ministerio fiscal y PSPV-
Por su parte, la Fiscalía ha mostrado también su oposición a la suspensión de la vista. Además, ha acusado a las defensas de los 13 procesados de intentar evitar «a toda costa y a cualquier precio» el inicio del juicio, que ya fue suspendido el pasado mes de marzo para que las partes tuvieran acceso a una documentación que obraba en la causa matriz que se sigue en Madrid.
TSJCV y ministerio público han contestado así a las peticiones formuladas este jueves por los letrados de los acusados en esta pieza de Fitur, quienes reclamaron la suspensión al alegar que no habían tenido tiempo suficiente de estudiarse una documentación que se encontraba en el caso Gürtel del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.
En concreto, estos letrados de defensa justificaron su reclamación en una posible vulneración del derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, o vulneración del quebrantamiento de igualdad de armas al «habérseles escondido» documentación que ahora consideran «necesaria» para defender los intereses de sus representados.
Al respecto, Fiscalía se ha opuesto a estas peticiones porque considera que la «verdadera intención» de las partes es «intentar evitar a toda costa y a cualquier precio que se celebre el juicio». A su juicio, es «entendible» que «todo vale en la estrategia defensiva, pero siempre que se limite a términos de lo razonable. Y esto, excede», ha apostillado. Por ello, ha solicitado a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no acepte la petición porque «conllevaría una clara admisión de fraude de ley y abuso de derecho».
En esta línea, ha agregado que los planteamientos de las defensas «caen desde el inicio» porque se basan en una premisa «errónea», ya que considera «inveraz y falsa» la afirmación de que tuvieron conocimiento de una documentación sorpresiva hace escasos meses. «Desde que se incoó el procedimiento, todas las defensas han conocido o podido conocer que existía una ingente documentación que se había incautado en entradas y registros de febrero de 2009».