Los últimos detenidos en la denominada Operación Taula que quedaban por declarar ante el juez han pasado a disposición judicial. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en esta provincia, Alfonso Rus.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado sobre las cinco menos cuarto de esta tarde de que los últimos detenidos en la macrorredada contra la presunta trama de amaño de contratos en administraciones públicas han pasado a disposición de Instrucción 18. Son diez los arrestados pendientes de declarar, después de que durante los últimos 10 días hayan comparecido ante el juez un total de 14 detenidos.
En este último grupo de detenidos, además de Alfonso Rus, figuran el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación Emilio Llopis.
El PSPV dice que el PPCV y Bonig tienen un nuevo problema y se llama 3%
El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manolo Mata, ha calificado de «absolutamente normal, lógica y evidente» la investigación de la Fiscalía Anticorrupción al conjunto del PPCV por presunta financiación ilegal y por las llamadas ‘mordidas’, sobre lo que ha dicho: «El PPCV y Bonig tienen un nuevo problema y se llama 3%».
En un comunicado, el socialista ha afirmado que «era evidente que esta situación llegaría más pronto que tarde porque después de conocer que a través de la trama tres administraciones diferentes y sin nexo de unión como es el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y la propia Generalitat cobraron comisiones millonarias para financiar al partido, quedó más que comprobado que la trama organizada y casi criminal estaba dirigida desde el propio partido».
Sobre el tema también se ha pronunciado el coordinador de los diputados y senadores del PSPV y el vicesecretario general provincial del PSPV-PSOE, Herick Campos, que considera que el presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, «es cómplice, por acción o por omisión, de lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana». Así mismo, considera que «el PP no debe gobernar en España ni en la Comunitat».
Campos, en un comunicado, se ha referido al caso Imelsa que afecta al PP valenciano y, en concreto, a las declaraciones realizadas por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en las que pidió «no se utilice» el caso Imelsa para «entorpecer» las negociaciones para la formación del Gobierno de España. «Es una prueba de que el PP no debe gobernar en España ni en la Comunitat Valenciana», ha dicho el diputado socialista, quien ha añadido que Rajoy «es cómplice, por acción o por omisión, de lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana».
«Por acción porque es su partido, y sus dirigentes los protagonistas de esas prácticas corruptas, y por omisión, porque no está poniendo ni los medios adecuados en fiscales, ni está dotando a las Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios suficientes para perseguir la corrupción», ha denunciado el diputado socialista.