Un nuevo seísmo de magnitud 1,7 en la escala de Richter se ha registrado en la madrugada del pasado martes, 3 de junio, en el Golfo de Valencia, en el entorno de la plataforma Castor, situada frente a la costa de Vinaròs (Castellón), según informa el Instituto Geográfico Nacional en su página web.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenó en septiembre de 2013 el cese temporal de toda actividad en el almacenamiento subterráneo de gas Castor, mientras se recababa información sobre la actividad sísmica detectada en la zona.
Sendos informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero han confirmado la relación entre la actividad de la planta y los terremotos registrados en el norte de la provincia de Castellón.
LAS CORTS PIDEN AL GOBIERNO EL CIERRE DE CASTOR CUANDO CONCLUYAN LOS INFORMES QUE LO RELACIONAN CON LOS SEÍSMOS
El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del grupo popular y la abstención de la oposición, una proposición no de ley presentada por el PP en la que pide al Gobierno los informes realizados sobre la planta y una vez se concluyan todos los estudios encargados y se confirme «la relación causa-efecto» entre la inyección de gas del proyecto Castor y los seísmos registrados en la zona, lleve a cabo la paralización «definitiva» y el cierre de la planta.
Asimismo, el Parlamento autonómico pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que adopte las acciones que correspondan para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de la tramitación y explotación de las autoridades concedidas.
El PSPV y EUPV han presentado dos enmiendas a esta iniciativa, que han sido rechazadas por el PP, en la que pedían la paralización «inmediata» de acuerdo con los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geográfico y Minero Español que ya «relacionan directamente la actividad sísmica y la actividad de la planta», señala el grupo socialista.
Asimismo, el grupo de izquierdas también planteaba iniciar medidas legales para exigir responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS «por la posible ocultación de datos sobre el riesgo sísmico», así como a las autoridades y técnicos que avalaron o aprobaron el proyecto. Del mismo modo, instaba al Gobierno a parar todos los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas.