Uno de los efectos que ha tenido la crisis en el ciudadano de a pie es el cuestionamiento de algunos asuntos que, hasta ahora, parecían intocables. Por ejemplo, los privilegios económicos y laborales que tienen los políticos. Y las dudas sobre si sus retribuciones se ajustan al calado del trabajo que realizan. La indignación vuelve a la calle cada vez que se extiende la sensación de que los altos cargos ‘pierden el tiempo’.
Algo parecido sucedió esta semana pasada en Les Corts, cuando saltó por los aires el acuerdo para la renovación del Síndic de Greuges y los nombramientos de cuatro vacantes pendientes en el Consell Valencià de Cultura y el Consell Jurídic Consultiu. Ambas cuestiones se mantuvieron en el orden del día del pleno a sabiendas de que no se iba a dar la mayoría necesaria para aprobarlas. Y aún así, los diputados invirtieron en ello un tiempo valioso. Un esfuerzo inútil.
Dos horas gastaron en votar dos veces cada punto. Uno a uno, los diputados introducían sus papeletas en las urnas y después el presidente de Les Corts, Juan Cotino, las contó y recontó mientras sus señorías iban y venían, repasaban otros asuntos o leían la prensa. Dos horas perdidas que, sólo en el sueldo de los parlamentarios, cuestan más de 3.000 euros del erario público.
El sueldo base de un diputado es de 2.360 euros al mes, aunque la práctica totalidad tiene algún plus por dedicación, pertenecer a la Mesa o estar en alguna comisión (aunque alguna de ellas no se reúna en más de un año). Si los parlamentarios tuvieran una jornada laboral de 40 horas, la más habitual en el mercado de trabajo, les saldría a casi 15 euros la hora. Una retribución que muchas personas desearían percibir alguna vez en su vida. Es decir, casi 1.500 euros por una hora de trabajo de los 99 miembros de la Cámara valenciana.
Por eso muchos de ellos, cuyos líderes habían dinamitado el acuerdo existente de antemano, se hacían cruces el pasado miércoles en señal de impotencia por la imagen que estaban trasladando a la opinión pública. Y también ante la limitada capacidad de reacción del Parlamento autonómico, que ante un resultado evidente no es capaz de modificar el orden del día para que la jornada, al menos, tenga algo que salvar.