El presidente en funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que acudirá a la investidura el próximo día 30 de agosto. Si no sale victorioso en esta ocasión, el próximo 25 de diciembre España podría afrontar sus terceras elecciones. Rajoy recibió ayer la autorización del Comité Ejecutivo Nacional de su partido para negociar con la formación que lidera Albert Rivera.
La noticia se hizo pública ayer, 24 horas después de que, en su comparecencia ante los medios de comunicación, Rajoy dijo con rotundidad: “Podemos aceptar muchas cosas. O no”. Incluso dejó a los periodistas sorprendidos al asegurar que durante el encuentro de la ejecutiva “nadie ha dicho ni una palabra sobre las condiciones” y que en ningún momento había convocado al comité con ese propósito. Sin embargo, el pasado 10 de agosto afirmó: “Le he explicado al señor Rivera que debo someter el documento a la aprobación del comité ejecutivo de mi partido. Como ustedes comprenderán, no puedo ni debo tomar esta decisión en solitario”. Tras la reunión de ayer con Rivera, anunció que aceptarían las condiciones de los de Rivera.
Rajoy le pasó la pelota al PSOE. “Lo que procede ahora es que yo pueda tener una conversación con el señor Sánchez para ver si realmente quiere repetir las elecciones y cuál es su criterio sobre la fecha en que debe celebrarse el debate de investidura”, reseñó al respecto.
El propio Sánchez no dudó en responder y señaló: “No sabemos ni la fecha de la investidura, ni si Rajoy se va a presentar, ni con qué programa de Gobierno. Ni el señor Rajoy ni nadie tiene derecho a mantener cautivas a las instituciones a la democracia en nuestro país”.
En este contexto, el país sigue bloqueado institucionalmente a falta de saber qué hará el PSOE.
Las condiciones de Rivera
- La separación de los cargos públicos imputados formalmente por corrupción hasta la resolución del procedimiento judicial.
- La eliminación de los aforamientos de los políticos.
- Una nueva ley electoral que incluya listas desbloqueadas, el incremento de la proporcionalidad y la reforma del sistema de voto de los ciudadanos residentes fuera de España.
- Acabar con los indultos a los condenados por delitos de corrupción política.
- La limitación del mandato del presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos.
- La puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP.