Esto, para el sector audiovisual valenciano, supondrá la desaparición absoluta, ya que los profesionales de esta tierra no tendran ni tan sólo la opción de trabajar para productoras ajenas como las ganadoras de los últimos concursos-programa.
Una herencia endemoniada que parece toca a su fin. La Generalitat Valenciana, en un comunicado oficial, manifestaba que la deuda acumulada por RTVV superaba los 1.000 millones de euros. Una cifra que dejaba en evidencia que el ente era claramente deficitario e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento. Ante esta situación, se abrían dos caminos: el cierre de la empresa pública o el redimensionamiento de la misma, que afectaba de manera directa al tamaño de la plantilla. El Consell optó por esa vía encargando a la consultora Garrigues el proceso de ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
En la sentencia del TSJCV, la causa concluyente por la que el ERE ha sido declarado nulo es la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, ya que el trato hacia los mismos ha sido desigual. Por lo tanto, sólo queda una vía que es, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico. La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos.
Parece lo más racional, lógico y necesario. La continuidad de una radiotelevisión pública endeudada hasta el límite y encorsetada por los vaivenes políticos parece no ser lo que los valencianos queremos. La desafección con su televisión por parte de la sociedad valenciana es palpable y evidente. Llegando a marcas del 3% de audiencia, la ciudadanía ya hace tiempo que se borró de considerar a RTVV como algo suyo. Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras con su cierre son aquellos que durante años han torpedeado la existencia y el crecimiento de la radiotelevisión de los valencianos. Siempre prefiriendo otras cadenas, siempre criticando de manera destructiva los programas de esa casa, siempre vituperando la profesionalidad de sus periodistas… El autoodio que tan bien hace gala nuestra sociedad es uno de los principales causantes del fin de RTVV.
Y antes una situación endeble y complicada, ante una herencia recibida convulsa y tóxica, el Consell no ha tenido otra que decretar su cierre. Pero en esta decisión mucho habrá tenido que ver la tensión extrema que desde el Comité de Empresa y ciertos sindicatos han decretado en los últimos tiempos, torpedeando muchas veces el normal funcionamiento de la empresa y politizando al máximo su enfrentamiento contra las sucesivas direcciones generales y por ende contra la Generalitat. Impugnar el ERE de la manera que se hizo sólo podía conducir a que si se declaraba nulo o improcedente, el paso siguiente era el cierre de la empresa por inviabilidad de poder readmitir a ese millar de trabajadores.
Con todo, es de agradecer la claridad de miras con que se ha expresado el vicepresidente del Consell José Císcar, el cual ha declarado que han intentado «garantizar la continuidad de RTVV». El cierre de la empresa pública se hará «lo más rápido posible para evitar un final más traumático para los trabajadores». También ha asegurado no tener cifras sobre el coste de la extinción del ente, pero ha insistido que no hay marcha atrás en «la decisión más difícil que ha tomado el actual Consell». La decisión ha sido «muy difícil y necesaria» y que se tomarán todas las decisiones pertinentes para llevarla a cabo. Císcar ha sido el verdadero timón que ha conducido todo este proceso desde que se estrenó en el cargo, y el que desde un principio se ha opuesto al dispendio e inviabilidad de la rediotelevisión pública valenciana.
El prestigioso abogado Enrique Manzana, especialista en jurisdicción laboral, ha declarado a VLC NEWS que «en el presente procedimiento ha primado la posible vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores sobre las causas económicas, técnicas y organizativas esgrimidas por el letrado de la Generalitat». Habría que ver, una vez analizada la sentencia y conocida la decisión de cierre, que efectos contempla esta declaración de nulidad ante la desaparición de la empresa pública, «si se producen con efectos retroactivos a nivel de indemnizaciones y, sobre todo, cómo afecta la decisión de cierre de RTVV y sus consecuencias legales».
El Consell ha puesto fin a 24 años de RTVV siete horas después de conocerse la sentencia que declaraba nulo el ERE. El informativo vespertino de ayer en NOU se desarrolló con la concentración en el plató de periodistas de la casa. Y las redes sociales han echado humo, a favor y en contra de la audaz medida. Con todo, las consecuencias sociales y políticas de esta decisión son inescrutables. Como ya se está señalando, puede ser el principio de una cadena de cambios y replanteamientos en las otras televisiones autonómicas, todas ellas tocadas por la crisis y las deudas… Desde todas las partes implicadas, la dimisionaria dirección general del ente encarnada en Rosa Vidal y el Consell de la Generalitat como estamento que la nombró y asumió sus decisiones, la maduración del cierre habrá sido bien meditada. La toma de una decisión de este calado así lo requiere.