Vía libre a la actuación policial ante delitos de secesión en Cataluña

Vía libre para la actuación policial

Vía libre a la actuación policial ante delitos de sedición en Cataluña. “Los funcionarios policiales practicarán de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles”. Así de contundente se ha mostrado el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, refiriéndose al futuro de Cataluña. Además, Fiscalía ha solicitado que le informen de todos los delitos que se puedan cometer si el Tribunal Constitucional invalidara y dejara sin efecto la resolución de independencia aprobada ayer. Lo ocurrido ayer en el Parlamento catalán podría suponer un delito contra el Gobierno y contra los Altos Organismos del Estado, y otros como prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos.

Además, la orden recuerda que la Audiencia Nacional no es competente para perseguir aforados pero sí para investigar la actuación de autoridades, particulares o funcionarios que participen en el delito. Asimismo, ha afirmado con rotundidad que el Tribunal Constitucional elaborará de forma urgente un informe ante la existencia de cualquier hecho delictivo. Se dejará sin efecto la resolución independentista por “grave quebrantamiento de la Constitución” ha asegurado Zaragoza. Además, ha hablado sobre su preocupación ante la posibilidad de hacer caso omiso a la decisión del Tribunal Constitucional, como han afirmado algunos miembros de Junts pel Sí o la CUP, aunque espera no llegar a este supuesto.

Asimismo, ha recordado que los delitos de rebelión están castigados con penas entre 25 y 30 años, y el de sedición entre 10 y 15, y el Parlamento catalán podrían ser cometidos al cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado o declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en este caso, el de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El fiscal-jefe también ha recordado que la Audiencia Nacional es competente para perseguir delitos contra la Corona y este delito podría ser cometido por el proceso independentista.