La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha cifrado en más de 316 millones de euros la hipoteca urbanística que ha dejado el anterior Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Según ha explicado en su comparecencia ante los medios de comunicación acompañada por el director general de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, «la Generalitat se enfrenta a un aluvión de reclamaciones, más de 60, debido a la anulación por parte de los tribunales de muchos planeamientos urbanísticos aprobados por el antiguo Gobierno».
Los tribunales de Justicia han ido anulando planes urbanísticos aprobados por la Generalitat y, ahora, ante esta anulaciones, numerosos promotores y particulares de suelos urbanizables y urbanos reclaman responsabilidades a la Generalitat e indemnizaciones de grandes cantidades por la mala tramitación que hizo el anterior Consell.
Como ha indicado la consellera de Territorio, «las consecuencias son muy graves, la Generalitat se enfrenta a un descomunal número de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, algunas de las cuales ya han llegado a los tribunales y otras irán haciéndolo en los próximos años, lo que afectará gravemente a las esquilmadas arcas públicas».
Entre las actuaciones urbanísticas a las que se ha referido destaca el PAI de Rabassa de Alicante, el PAI de l’Alter en Altea, la ZAL de Valencia o el PAI de Porxinos en Riba-roja que, en la mayoría de los casos, han sido anuladas porque se aprobaron sin el visto bueno de los preceptivos y vinculantes informes de las confederaciones hidrográficas o bien por haber estado tramitados obviándose los preceptivos informes de las evaluaciones ambientales
Poner en valor nuestro territorio
Ante esto, Salvador ha indicado que es necesario «levantar esta Comunidad y recuperar el prestigio perdido estos años, necesitamos poner en valor nuestro territorio tan castigado durante la burbuja inmobiliaria», y ha manifestado que «el nuevo Consell ha adoptado ya varias medidas para evitar estos errores del anterior Gobierno».
En este sentido, María José Salvador ha subrayado que, en el actual Gobierno, «las tramitaciones se hacen con absoluto rigor y los informes técnicos se respetan, porque se han acabado los tiempos en los que los proyectos se aprobaban sin los informes preceptivos, se obviaba la normativa o no se tenían en cuenta informes técnicos».
A juicio de la consellera, «facilitar las inversiones y aportar seguridad jurídica a los inversores supone recuperar la seriedad en las formas de trabajar. Damos seguridad a los inversores porque este Consell cumple la ley y aporta los informes correspondientes, mientras que el antiguo Gobierno ha provocado una avalancha de sentencias que anulaban los planes aprobados «.