El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha abierto causa al diputado del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Miguel Domínguez, por presunto de delito de blanqueo de capitales en relación con el caso Imelsa.
El que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y teniente de alcalde durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa será investigado por la donación de 1.000 euros al grupo municipal. Una cantidad que, presuntamente, les era devuelta en dos billetes de 500 euros con el fin de blanquear dinero.
La Sala de lo Civil y Penal señala que sólo se declara competente para investigar a Miguel Domínguez, no así al resto de imputados que no gozan de aforamiento. Sus argumentos se apoyan en la doctrina del Supremo, la cual establece la conveniencia de que a los no aforados les investigue un juzgado de instrucción ordinario.
Competencia de aforamientos
Asimismo, el alto tribunal señala: “En cuanto a la posibilidad de atraer a la competencia de esta Sala hechos ejecutados por personas no aforadas ante la misma (…) procede señalar la conveniencia de que se respete en la máxima medida posible el derecho al juez ordinario respecto de cada una de las personas a las que se imputan hechos punibles”.
En sus argumentos expuestos relacionado con el diputado popular, el TSJCV también subraya que “sólo cabe admitir la competencia de la Sala para continuar la investigación sobre los hechos a que se contrae la presente exposición, concretamente sobre la participación en ellos de D. Miguel Domínguez Pérez en cuanto persona aforada ante este Tribunal Superior de Justicia por su condición de diputado en las Cortes Valencianas. Unos hechos que, ha de recordarse, han sido inicialmente calificados como posible delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal”.
Ahora, será la propia magistrada ponente del auto por el que el TSJCV abre una investigación a Domínguez, resolución contra la que no cabe ningún recurso, la instructora de las diligencias.