El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acudirá hoy al Tribunal Constitucional junto a la consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Así lo han informado fuentes de la Generalitat, que han destacado que desde el inicio de esta legislatura el Ejecutivo encabezado por Ximo Puig ha intentado que el Gobierno de Mariano Rajoy «reaccionara e hiciera caso» a su reivindicación de una mayor financiación para la Comunitat.
El principal motivo por el que se presentará este recurso -que se interpondrá sobre las 11.30 horas de este jueves- es que los PGE para este ejercicio «mantienen unos ingresos insuficientes para mantener nuestros servicios públicos fundamentales» -sanidad, educación y servicios sociales-, a pesar de que «la Constitución establece que deben estar suficientemente financiados», han destacado desde el Consell.
Además, han indicado que en la reforma del sistema de financiación de 2009 se fijó un fondo de suficiencia global para «ajustar las diferencias» entre las autonomías, pero éste «no corrige la insuficiencia que tenemos en servicios públicos fundamentales» los valencianos, dado que a la Comunitat Valenciana «le cuesta dinero».
Del mismo modo, la Generalitat, encabezada por Ximo Puig, ha explicado que el sistema de financiación tiene una vigencia quinquenal, por lo que en 2013 tenían que haber comenzado las negociaciones con las comunidades autónomas para actualizarlo, pero «no se ha hecho». Así, «en 2014, 2015 y ahora en 2016 se ha prorrogado unilateralmente por parte del Gobierno sin contar con las comunidades autónomas». El pasado viernes, el Consell autorizó a la Abogacía General de la Generalitat a interponer este recurso de inconstitucionalidad y avanzó que se presentaría esta semana, ya que el plazo legal vence el próximo 1 de febrero.
En concreto, el recurso presentado por Puig se dirige contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016. En concreto, la iniciativa reclama al Tribunal Constitucional la anulación de las previsiones de saldo del Fondo de Suficiencia regulado en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, que se desarrollan en varias secciones y programas anexos.
El cálculo del fondo de suficiencia realizado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos indica que la Comunitat Valenciana debe ingresar al Estado en 2016 un total de 1.329,53 millones de euros. Pero no se trata de una cantidad a devolver al final del año, ya que el Ejecutivo central la descuenta de su previsión de entregas a cuenta a la Generalitat para el presente ejercicio, que queda fijada en 7.875,24 millones de euros.
Si el Constitucional atendiese la reclamación valenciana presentada por Puig, la financiación de la Comunitat procedente de las transferencias estatales debería aumentarse en esos 1.329,53 millones de euros. Esa cantidad es la misma que la insuficiencia financiera que reconoce la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016.
El pasado 3 de diciembre, Ximo Puig ya avanzó en la sesión de control del pleno de las Corts que iba a proponer al pleno Consell que iniciara al procedimiento para presentar un recuso de inconstituticonalidad contra los PGE y, asimismo, anunció que el Gobierno valenciano recurrirá por la vía contencioso-administrativa «los actos que, por acción u omisión, atentan contra la igualdad de los valencianos».