Ya ha comenzado el juicio a ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que lleva la Audiencia Nacional. En él, el exdirector de la Comisión de Control de la CAM Juan Ramón Avilés se ha mostrado convencido de que demostrará su «inocencia».
«Ya lo he dicho por activa y por pasiva, he venido aquí a demostrar mi inocencia», ha asegurado en declaraciones a los medios en la primera jornada de la vista oral, en la que el tribunal ha decidido sobre las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y defensas. «No lo digo yo, lo dicen los escritos», ha añadido.
Avilés, que se sienta en el banquillo de los acusados junto al exdirector general de la caja Roberto López Abad, bajo la acusación de irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de créditos de 18,9 millones de euros, ha precisado, además, que contestará el próximo lunes, día fijado para la declaración de los acusados «a todas y cada una de las preguntas» que se le formulen.
El tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios, ha rechazado todas las cuestiones planteadas por las defensas de López Abad y Avilés, que cuestionaban, entre otros asuntos, la legitimidad de la Fundación CAM, representada por el abogado del FROB Carlos Gómez Jara, para ejercer la acusación particular como perjudicada.
Este punto ha suscitado las dudas del tribunal que ha preferido, no obstante, mantener su posición en la vista oral y decidir en sentencia si debe o no ser compensada económicamente por el daño sufrido, valorado por la Fiscalía en 1.494.029 euros.
Anticorrupción considera que este dinero debe ser restituido de forma solidaria por López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones (TI) al Banco Sabadell, que adquirió la caja por el precio simbólico de un euro.
El tribunal tampoco ha admitido la falta de legitimidad como acusación particular del Fondo de Garantía de Depositos ni la falta de objetividad del inspector del Banco de España que realizó el informe pericial ni la ausencia de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos, como alegaban los abogados defensores Jaime Bosch y Ginés Avilés.
Este último, hijo del exdirectivo del banco, ha asegurado durante su intervención que se ha tratado de acusar a su padre «de forma artificiosa» y con penas «desorbitadas». El juicio continuará el lunes con la declaración de los dos acusados y diez testigos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, director general de la entidad desde 2001 hasta su nacionalización en 2011, por apropiación indebida o, alternativamente, tres años de prisión por un delito societario continuado. Para Avilés pide dos años y medio de prisión por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
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