El Consell ha llegado a un acuerdo con los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana para pagar la deuda histórica que arrastran por lo que asumirá la titularidad de la misma y el pago de los intereses hasta el 2020. Además, el gobierno valenciano ejecutará las infraestructuras prioritarias.
Todas estas propuestas las ha explicado la consellera de Educación, María José Catalá, después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reuniera este lunes con los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valencia, para debatir sobre la futura Ley de Financiación de las Universidades Públicas.
En este sentido, la Generalitat asumirá la titularidad de la deuda contraída por las universidades, ejecutará las inversiones por un importe de cerca de 50 millones de euros y las universidades compensarán financieramente a la Generalitat por la minoración en 111 millones de euros de los intereses pendientes de pago hasta 2020.
Como informó la consellera de Educación, María José Català, «con esta propuesta, que deberá ser ratificada por los órganos de gobierno de cada universidad, la deuda se reduce a casi la mitad, pasando de 768 millones de euros a 319 millones de euros». Además, ha incidido en que el resto de la deuda histórica que corresponde al otro 50 por ciento se «reprogramará» desde el 2015 hasta el 2022.
Català resaltó la ejecución de infraestructuras «prioritarias», entre las que ha citado la creación de la facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Jaime I en Castellón, en la Universitat de Valencia se crearán mayores infraestructuras para la facultad de Veterinaria y en la Universidad de Alicante la urbanización de ciertas zonas del campus. Para ello, ha destacado que la Generalitat destinará entre 48 y 49 millones de euros.
LEY DE FINANCIACIÓN DE UNIVERSIDADES
La consellera de Educación indicó al respecto a la nueva ley de financiación de las universidades públicas que el gobierno valenciano está “muy comprometido con el ámbito universitario» porque creen que «es fundamental apostar por su sostenimiento y mantenimiento».
Además, Catalá precisó que uno de los objetivos que perseguirán durante los próximos años es «mejorar la empleabilidad de los egresados universitarios» por lo que elaborarán un libro de empleabilidad que «conduzca directamente a un lugar de trabajo».
LOS RECTORES CONFÍAN EN QUE LA PROPUESTA ES UNA SOLUCIÓN
Por su parte, el presidente de la conferencia de rectores de las universidades públicas de la Comunitat y rector de la UJI, Vicent Climent, señaló que se trata de una propuesta que «da solución» al problema de la deuda histórica en el ámbito de las universidades públicas que se va a generar durante los años 2004-2008 y que provocó que las instituciones académicas estuvieran en una situación «compleja y de dificultades en inversiones y en la tesorería de cada centro».
Además, destacó que la nueva propuesta contempla y atiende las «asimetrías y necesidades» de cada una de las universidades ya que, según ha recalcado, «cada una tienen unas peculiaridades distintas».
Respecto a la nueva ley de financiación, Climent indicó que han llegado un acuerdo para crear una comisión mixta que trabajará con la Conselleria de Educación para trabajar en la nueva ley con el objetivo de intentar «evitar que pase lo que ha pasado» durante los últimos años con la deuda histórica y para que las universidades tengan un sistema de financiación «consolidado» y un «soporte legal».